SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Colectiva Mujer y Salud saluda el fallo emitido por la jueza Eunice Minaya Pérez de la Quinta Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional en rechazo al recurso de amparo interpuesto por la Iglesia Católica contra la campaña de Profamilia sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Sostuvo que con este recurso la jerarquía eclesiástica pretendía sacar de circulación la campaña y crear una jurisprudencia para limitar cualquier acción de promoción y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
“Este fallo representa una victoria a favor de la libertad de expresión, la libertad de conciencia y los derechos sexuales y derechos reproductivos. La misma se enmarca en la reafirmación del Estado dominicano como democrático, social y de derecho”, expresó.
“Esperamos que el mismo sirva de reflexión a la iglesia católica sobre la necesidad de revisar sus políticas contrarias al ejercicio de los derechos humanos"
“Queremos reconocer la labor de la jueza, una mujer católica y de convicciones religiosa, que supo separar su creencia y su fe del ejercicio de su función pública y actuar en consecuencia”, dijo.
También reconoció el “magistral trabajo” de los abogados de Profamilia, Laura Acosta, Nassef Perdomo Cordero y Cristóbal Rodríguez, quienes fundamentaron su defensa en el marco de los derechos humanos y del bloque amplio de constitucionalidad.
Asimismo, elogió a Profamilia, por no dejarse intimidar por el poder eclesial.
“Esta vez fracasó la iglesia en su interés de imponer vía el sistema de justicia la moral religiosa en detrimento de los derechos humanos, en especial, los derechos sexuales y los derechos reproductivos”, sostuvo la CMS.
Argumentó que este fallo es un hecho histórico de alta relevancia para la vigencia de los derechos humanos, la separación de la religión del ámbito de las políticas públicas y sienta un precedente para las reformas que están en curso en el país, en especial, la reforma al Código Penal Dominicano en lo que respecta a la despenalización de la interrupción del embarazo cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer, en casos violación e incesto.
“Esperamos que el mismo sirva de reflexión a la iglesia católica sobre la necesidad de revisar sus políticas contrarias al ejercicio de los derechos humanos y a los y las congresistas para que se atrevan a legislar sobre la base del derecho y no del miedo a la jerárquica espada eclesial”, precisó la Colectiva Mujer y Salud.