SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), Francisco Capellán, manifestó que existen “razones más que suficientes” para proceder judicialmente contra el ex director de PROMIPYME, Francis Mejía, destituido tras destaparse un escándalo de corrupción en su gestión.

No obstante, Capellán dijo que por el momento el Comité Ejecutivo de CODOPYME no ha contemplado constituirse en parte civil para llevar a la justicia al destituido funcionario.

“Nosotros no lo hemos discutido, hasta ahora; pero hay razones más que suficientes para hacerlo”, aseguró Francisco Capellán, presidente de CODOPYME.

Capellán afirmó que PROMIPYME no ha dado apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, por lo que la entidad no cumple con el objetivo para el que fue creada.

“El papel de PROMIPYME es dar apoyo a la micro y mediana empresa, para eso fue creada. Pero en los últimos tiempos se han desviado los recursos a otros sectores”, precisó.

El presidente de CODOPYME criticó la alegada inactividad del Consejo Nacional de PROMIPYME: “El Consejo Nacional debía reunirse una vez al mes, de acuerdo a la Ley. Sin embargo, en el 2010 se reunió sólo tres veces y en lo que va de este año, no se ha reunido ni una sola vez.”

Capellán externó que el Comité Ejecutivo de CODOPYME está satisfecho con la destitución de Francis Mejía, pues en su gestión en PROMIPYME no se estaba trabajando con transparencia. “Queremos que los recursos lleguen donde deben llegar”, puntualizó.

Nuevo nombramiento no cumplió con la ley

En otro orden, CODOPYME denunció que la designación de Fernando Rosa como nuevo presidente de PROMIPYME no contempló lo que establece el Artículo 9 de la Ley 488-08, que ordena la selección de su Director General a partir de una terna sometida por el Consejo Nacional al Poder Ejecutivo.

Consideró que el Consejo Nacional debe reunirse con “carácter de urgencia” para dar viso de legitimidad al nombramiento de Fernando Rosa.

Por otro lado, Francisco Capellán solicitó al Presidente Fernández que el Estado compre bienes y servicios a las pequeñas y medianas empresas como lo establece la Ley 488-08, que en su Artículo 25 ordena que “deben de efectuar el quince por ciento (15%) a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), siempre que los bienes y servicios demandados por dichas instituciones sean ofertados por las MIPYMES”.