SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Abogados de Bepensa Dominicana, embotelladora de refrescos Coca Cola en el país, sometieron a la acción disciplinaria al alguacil actuante en el intento de desalojo de terrenos que ocupan las instalaciones de la empresa, reclamados por el señor William Amador quien dice ser su propietario.
La acción disciplinaria ante el Consejo del Poder Judicial se realizó contra Yamaicol Tejeda Puello alguacil ordinario de la Cámara Penal del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en procura de la cancelación de su exequátur por la supuesta ilegalidad e ilegitimidad con que actuó.
Los juristas reiteraron que Bepensa Dominicana es la única propietaria legítima y de buena fe de los terrenos adquiridos en junio de 1983
Los abogados Luis Rivas, Laura Acosta Lora, Gustavo Biaggi y Michael Lugo externaron que el pasado 16 de abril, el referido alguacil irrumpió en las instalaciones propiedad de Bepensa Dominicana, S.A. acompañado de una cantidad indeterminada de individuos, sin el auxilio de la fuerza pública y en ausencia del Ministerio Público, en flagrante violación de las disposiciones contenidas en la Resolución No. 14379-05 de fecha 11 de noviembre del año 2005, así como la circular emitida por la Suprema Corte de Justicia el 4 de abril de 2012.
Dijeron que además de esta acción disciplinaria, también se procederá a interponer acciones legales de carácter civil y penal contra el referido alguacil.
Advirtieron que con este sometimiento la empresa da inicio a una serie de acciones legales de diversas naturalezas contra el señor William Amador Álvarez y los civiles que ingresaron a las instalaciones.
Los juristas reiteraron que Bepensa Dominicana es la única propietaria legítima y de buena fe de los terrenos adquiridos en junio de 1983, que ilícitamente el señor Amador persiste en pretender desalojar, basado en un derecho de propiedad que no posee.
Indicaron que Bepensa Dominicana no puede ser desalojada de un inmueble del cual es propietaria de manera absoluta, a través de un arbitrario, ilegal y abusivo procedimiento, cuya legitimidad pretende ser determinada de manera unilateral por un alguacil y su mandatario.