SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Unas 36 organizaciones de la sociedad civil dominicana, expresó su rechazo a una eventual salida de la República Dominicana de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al entender que afectaría a toda la población.

Las organizaciones demandaron del Estado  dominicano refrendar su compromiso con los derechos humanos y     los acuerdos voluntariamente contraídos con la comunidad internacional en esa materia,  permaneciendo  como hasta ahora  en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos  y  los mecanismos que forman parte del mismo.​​​​​​​​​​​​

Al tiempo que hicieron un llamado a todos los poderes del Estado a valorar las implicaciones políticas, económicas y sobre el ejercicio  de los derechos humanos que conlleva  el desacato   de las sentencias dictadas por la Corte-IDH, como lo sugiere  el TC en su fallo al indicar que  nunca ha sido competente para conocer los casos relativos a las violaciones de derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de la República Dominicana.

 A continuación el texto íntegro de las organizaciones de la sociedad civil:

Por constituir un retroceso institucional y jurídico  que lesiona el carácter progresivo e irreversible de los derechos humanos,   las  organizaciones de la sociedad civil dominicana abajo  firmantes  rechazamos categóricamente la sentencia 256/14 emitida por el Tribunal Constitucional de República Dominicana,  mediante la cual se declara inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Los suscritos demandamos del   Estado  dominicano refrendar su compromiso con los derechos humanos y     los acuerdos voluntariamente contraídos con la comunidad internacional en esa materia,  permaneciendo  como hasta ahora  en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos  y  los mecanismos que forman parte del mismo.​​​​​​​​​​​​

Vemos con alarma como nueva vez el TC violenta  con sus decisiones  la Constitución Dominicana que tiene por misión esencial defender, evidenciando además un  preocupante  desconocimiento de los principios elementales  del derecho internacional  y su  propia jurisprudencia.

Al pretender  limitar    el acceso  a los mecanismos regionales   que garantizan la   protección  de los derechos humanos,  el TC aísla  a la ciudadanía de la comunidad internacional,  interfiere  con  el principio de vinculación de los tratados, la continuidad del Estado  y emprende un peligroso camino que haría más  vulnerable al  abuso   a cada ciudadano/a, nacional o extranjero,  que habita en República Dominicana ante las arbitrariedades del Estado dominicano y sus agentes.

Hacemos un llamado a todos los poderes del Estado a valorar las implicaciones políticas, económicas y sobre el ejercicio  de los derechos humanos que conlleva  el desacato   de las sentencias dictadas por la Corte-IDH, como lo sugiere  el TC en su fallo al indicar que  nunca ha sido competente para conocer los casos relativos a las violaciones de derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de la República Dominicana.

Ya se ha advertido que para abandonar la jurisdicción de la Corte no basta con impugnar el instrumento mediante el cual el Estado aceptó dicha competencia, sino que dicho Estado debe retirarse de la Convención Americana como tratado de derechos humanos en su totalidad.  Si el Poder Ejecutivo, como consecuencia de lo dispuesto por  la sentencia TC/0256/14 denunciara la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, base del mandato de la CorteIDH, desconocería derechos que ya han sido reconocidos internacionalmente a toda persona en la República Dominicana, y a la vez cerraría  una importante vía jurídica para demandar justicia  una vez  agotadas   las instancias de reclamo internas,    contraviniendo así   el Estado social, democrático y de derecho establecido en la Constitución.

Desvincular al país de los  órganos que velan por  la aplicación de los tratados fundamentales de derechos humanos es incentivar la impunidad,  es negar  justicia al   desaparecido  periodista dominicano Narciso González, a las víctimas de desapariciones forzosas y   los cientos  de personas  detenidas,  golpeadas o asesinadas por policías y militares en alegados intercambios de disparos.

El veredicto del TC es prueba fehaciente de la dificultad que tienen los ciudadanos/as dominicanos  de requerir el cumplimiento de la ley a las instancias que administran justicia en el país   cuando el infractor es el propio Estado, lo que intensifica  la situación de vulnerabilidad de mujeres afectadas por  violencia de género, así como de familiares que reclaman condenas en los casos de feminicidios;  Niños y niñas víctimas de abuso sexual y otras formas de violencia;  Personas  que viven con  VIH que son discriminadas y no reciben tratamiento adecuado; Personas excluidas por sus  capacidades diferenciadas,    creencias, raza, orientación sexual,  situación económica o  condición de salud; Empresarios, campesinos, trabajadores, periodistas, estudiantes,  políticos, sindicalistas y funcionarios públicos cuyos derechos hayan sido vulnerados  o no garantizados por el Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil aquí representadas,   ratificamos  nuestra firme  decisión  de mantenernos  vigilantes  para evitar se vulneren  las garantías del ejercicio pleno de los DDHH en el país.

Exhortamos a cada ciudadano/a   estar alerta frente al  retroceso jurídico y  político que significa un eventual desconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte-IDH sobre la base de una decisión  insensata  con la que  el TC  vuelve a colocarnos en el ojo del huracán, enviando  a la comunidad internacional un  negativo  mensaje sobre República Dominicana como un país irrespetuoso de los compromisos asumidos,  los  derechos adquiridos y la dignidad de sus ciudadanos/as.

Organizaciones firmantes:

1.    Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA)

2.    Diversidad Dominicana

3.    Foro Feminista

4.    Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado (COLADIC)

5.    Colectiva Mujer y Salud

6.    Red de Voluntarios de Amigos Siempre Amigos (REVASA)

7.    Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Dominicana de Religiosos

8.    Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)

9.    Coalición LGBT

10. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

11. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-RD)

12. Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans RD -COLEHT-

13. Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)

14. Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA)

15. Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO)

16. Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)

17. Centro Cultural Dominico- Haitiano (CCDH)

18. Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN)

19. Centro Bonó

20. Fundación Étnica Integral (FEI)

21. Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas (MUDHA)

22. Movimiento Reconoci.do

23. Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV)

24. Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo en el Caribe (OBMICA)

25. Plataforma Dominican@s por Derecho

26. Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM)

27. Red de Encuentro Jacques Viau

28. Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)

29. Red Fronteriza Jano Sikse

30. Solidaridad Fronteriza

31. Transsa Dominicana

32. Mesa nacional para las Migraciones y refugiados en República Dominicana  (MENAMIRD)

33. Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJIL)

34. Servicio Jesuita a Migrantes Jimani

35. Plataforma Dominicana de Afrodescendientes

36.  Fuerza Laboral