SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDHRD) reiteró este viernes la inocencia del coronel de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta y del técnico de Claro Manuel Antonio Regalado Martínez, acusados de complicidad en el presunto boicot a las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero.
En ese orden, el presidente de la CNDHRD Manuel María Mercedes Medina, sostuvo que ambos están siendo utilizados por el Gobierno de la República y por el Ministerio Público como chivos expiatorios “para tapar a los autores y responsables del intento de fraude electoral”, que según afirmó se pretendía cometer.
“La inocencia de las citadas personas conformemente a las investigaciones realizadas y las evidencias en manos de la organización promotora y defensora de los derechos humanos” y exigió por lo tanto “que ambos sean puestos inmediatamente en libertad al no existir los menores indicios de delitos penales ni electorales que los comprometan”, sostuvo.
Mediante un comunicado, Mercedes Medina expresó que “tanto el director de la Policía Nacional y el director del DICRIM, al igual que la CNDHRD saben muy bien que ni el coronel ni el técnico tienen nada que ver con los hechos en los que se trata de involucrarlos”.
De la misma forma, la entidad responsabiliza tanto el presidente Danilo Medina como al procurador Jean Alain Rodríguez de utilizar esas dos personas como chivos expiatorios a los fines de ocultar los verdaderos responsables de los hechos ocurridos el pasado 16 de febrero.
“Lo que se está cometiendo en este caso es una detención absurda e ilegal avalada y propiciada por la misma presidencia y la Procuraduría General de la República, con la complicidad de la Policía Nacional para favorecer el partido al gobierno y ocultar el fraude electoral garantizando impunidad a sus autores” indicó el jurista en el documento suministrado por la CNDHRD.
Además, la Comisión calificó el hecho como algo lamentable y que el uso político de la cárcel ilegal de parte del gobierno, “representa solo el último capítulo del libro oscuro de la democracia dominicana”.
Por último, la delegación hace un llamado a la comunidad internacional, representada por la prensa y las organizaciones de derechos humanos presentes en el país, tanto del sistema internacional que interamericano, que se hagan eco de las denuncias que están presentando y que intercedan con las autoridades dominicanas para que en el país se restaure cuanto antes el Estado Social y Democrático de Derecho que en ese momento resulta gravemente afectado por la suspensión de los derechos civiles y políticos y las garantías constitucionales de las y los dominicanos.