Seguridad ciudadana, corrupción, violencia de género y derechos económicos, son parte de un documento de ocho puntos elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), y remitida a los candidatos presidenciales y sus partidos como temas de suma importancia, los cuales deben ser abordados en caso fueran elegidos el próximo 15 de mayo.
En lo que se refiere a seguridad ciudadana, la CNDH afirmó que resaltó la necesidad de desarrollar políticas de prevención económica y social de la criminalidad y políticas públicas para combatir la violencia, y recomendó con urgencia llevar a cabo una reforma policial integral, "cuyo resultado sea una Policía Nacional cercana a la gente".
Sostuvo que los patrullajes mixtos entre Policía Nacional y Ejército, además de el de la Policía y la Amet deben cesar con efecto inmediato, debido a que en dichos operativos se militariza cuestiones de orden público y de tránsito, "abriendo el paso a la posibilidad de abusos policiales y de violaciones de las libertades fundamentales y de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos dominicanos”.
En lo que respecta a la corrupción e impunidad, criticaron que los candidatos hayan expresado su opinión sobre la independencia del poder judicial, lo cual calificó como grave y abogó por una reforma rápida y efectiva del Código Penal en la que sea tipificado entre otros el delito de corrupción.
La CNDH también criticó la falta de atención por parte de los candidatos en lo que se refiere a los dominicanos de ascendencia haitiana, los cuales, aseguró siguen con sus derechos civiles y políticos vulnerados.
En el documento enviado a los aspirantes a la presidencia, la entidad resaltó que de ganar las elecciones, el candidato debe velar por el cumplimiento de la Ley 169-14 y ordenar la suspensión de las deportaciones de niños, niñas y adolescentes sea del grupo A y del grupo B y de los adultos beneficiados por la 169.
Indicó además que es urgente velar por la aplicación de los estándares internacionales en los caso de deportaciones de personas no nacionales como por ejemplo el examen individual de cada caso, el respeto del debido proceso y el derecho de apelación, y en forma específica el Tratado Binacional RD-Haití.
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