SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) hizo un llamado al presidente de la República y al canciller Andrés Navarro, para que actúen en el caso del ciudadano dominicano Máximo Antonio Reyes, extraditado a través del Decreto N. 346-97 a los Estados Unidos, donde desde 19 años guarda prisión.
“Denunciamos que en ese entonces la Suprema Corte de Justicia nunca conoció el recurso de Habeas Corpus interpuesto por los abogados de Reyes Vázquez en el año 1997 y por ende el citato Decreto N. 346-97 y el siguiente N. 411-97 que modificaba algunos artículos de ese”, manifestaron.
Señalaron que debido a lo antes citado se pueden declarar nulos ya que violan los principios básicos del Debido Proceso y de la Tutela Efectiva contemplados tanto en la Constitución Dominicana (Art.6, 71, 73 y 139) y en la Ley N.489 sobre Extradición (Art. 4) cuanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los tratados internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana.
Argumentaron que el historial jurídico de Reyes Vázquez fue marcado por graves irregularidades; además, la primera acusación instrumentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, fue retirada por ante el juez Leonard, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Dijeron que luego la misma Fiscalía introduce otras dos acusaciones con el No.S6 91 Cr.358-016, diferentes a la que son contenidas en las Notas Diplomáticas No.61 y 104 del 2 de mayo de 1997, a través de las cuales la Embajada de Estados Unidos en el país pone su interés en la extradición del Sr. Reyes Vázquez
“Estas acusaciones de enriquecimiento ilícito y conspiración, no tienen ninguna tipificación en el Tratado de Extradición vigente entre Estados Unidos y República Dominicana del año 1910, que fue el que se utilizó para efectuar la extradición del ciudadano y que sin embargo le costaron la condena a 30 años de cárcel en Estados Unidos”, criticó la entidad.
Destacaron que a raíz de dichas irregularidades se suman al reclamo de los familiares quienes solicitan al Tribunal Constitucional que declare la nulidad de los Decretos N. 346-97 y N.411-97 e instan a las máximas autoridades del Estado dominicano, a tomar asunto en ese clamoroso caso de error judicial contra un ciudadano dominicano.