SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Colectiva Mujer y Salud llamó al gobierno dominicano a asumir sus responsabilidades en la prevención, atención y sanción de los embarazos en menores de edad, con respecto al caso de la niña de 13 años en estado de desnutrición embarazada de trillizos.

La Colectiva afirmó que en casos como este, las normas obstétricas internacionales, junto al sentido humanitario más elemental, mandan a interrumpir el embarazo ante cualquier complicación que amenace la vida de la niña.

Entienden que de presentarse dicha situación, la experiencia de Rosalba Almonte, (Esperancita), la adolescente que murió preñada con leucemia y que volvió a encender el debate sobre el artículo 37 de la Constitución que consigna que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, hace temer lo peor en este caso.

Explicaron que dada la vigencia en República Dominicana de normas legales inhumanas que colocan la sobrevivencia del feto por encima del bienestar y hasta la vida de la embarazada, y que apelando a supuestas normas éticas, reducen a las embarazadas a la condición de simple incubadoras.

Las defensoras de los derechos de la mujer indican que la sociedad dominicana ve con justificada repulsa los abusos sexuales contra niños varones, pero tiende a ser bastante más tolerante cuando la víctima es una niña

“La experiencia de Esperancita y muchas otras adolescentes pone de manifiesto que el Estado Dominicano está faltando a sus compromisos en materia de derechos humanos al someter a niñas abusadas a riesgos desproporcionados de salud, además de vulnerar múltiples artículos de la Ley 136-03, empezando por el Art. 28 que garantiza a niñas, niños y adolescentes el derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental”, reseña la posición del la Colectiva emitido mediante un comunicado a los medios de comunicación.

Dice que otros artículos de esta ley que están siendo impunemente violados son los 12, 13 y 14 (Derecho a la integridad personal, a la restitución de derechos, y a que sea denunciado el abuso en su contra), así como el Art. 396 que condena con 2-5 años de prisión al adulto que tenga relaciones sexuales con una menor cuya edad supere por cinco años o más.

Recordaron que el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas ha establecido que obligar a una niña o mujer a llevar a término un embarazo fruto de abuso sexual, más aún cuando éste pone en riesgo su salud y su vida, constituye un acto cruel de tortura y una violación grave a su integridad física y psicológica.

Plantean que en este caso es uno de tantos de menores de edad embarazadas por hombres adultos en evidente violación del Art. 396 y contra quienes el Ministerio Público ha prometido actuar, sin que hasta el momento se conozcan iniciativas judiciales en ese sentido, a pesar de la avalancha de casos denunciados en las últimas semanas.

“El Estado también incumple sus obligaciones frente a las menores embarazadas al no sancionar debidamente a las familias que incurren en abandono y/o complicidad con los agresores”, especificaron en el comunicado.

“Otro aspecto del problema que demanda la intervención del Estado y de la sociedad en su conjunto, es la ideología cultural que fomenta la objetificación sexual de niñas púberes y hasta pre-púberes, una ideología que, como hemos visto en los últimos años, afecta a amplios sectores de la sociedad dominicana, incluyendo legisladores, políticos, comunicadores, sacerdotes y muchos otros que se creen con derecho a “enamorarse” de niñas”, sostienen las integrantes de la Colectiva Mujer y Salud.

Aseveraron que la sociedad dominicana está estremecida por el caso de la niña de trece años, desnutrida, quien ha sido abandonada por sus familiares y embarazada de trillizos por un hombre de 60 años con quien aparentemente convivía en concubinato.

Explicaron que las autoridades de salud la mantienen recluida en una Maternidad de Santo Domingo a fin de proporcionarle atenciones médicas constantes ante los graves riesgos de salud que supone un embarazo múltiple en una niña tan joven, cuyas condiciones de salud eran ya de por sí precarias.

Aunque el personal médico asegura que la anemia de la niña ha sido controlada y que su condición es “estable”, no niegan que se trata de un embarazo de muy alto riesgo.

Las defensoras de los derechos de la mujer indican que la sociedad dominicana ve con justificada repulsa los abusos sexuales contra niños varones, pero tiende a ser bastante más tolerante cuando la víctima es una niña, sobre todo si ya es “señorita”, a tal punto que a veces los mismos padres las inducen a establecer relaciones de concubinato con estos adultos.

“Es hora de reconocer que las violaciones sexuales de niñas, los incestos y los concubinatos de hombres adultos con menores de edad son todas manifestaciones de un mismo fenómeno, cuyas raíces se encuentran en la objetificación sexual de las menores y, en sentido más general, de lo femenino”, alegaron.

La colectiva plantea que se hace urgente reconocer que no se trata de una sucesión de hechos aislados, sino de un patrón sistémico de comportamiento que obliga a cuestionar las normas sociales de género y, en particular, la construcción de la sexualidad masculina en el país.

Consideran que al Estado le compete enfrentar el problema de las menores embarazadas aplicando rigurosamente las leyes que castigan los abusos sexuales de menores y sancionado a los padres que incurran en abandono o complicidad; realizando campañas de prevención dirigidas a combatir el machismo cultural; despenalizando el aborto terapéutico y en casos de incesto o violación, y asegurando el acceso al procedimiento sin obstrucciones por parte del personal judicial o de salud, así como introduciendo la educación sexual científica, laica y de calidad en el currículum escolar.

La Colectiva Mujer y Salud dijo que estaran velando porque se apliquen las medidas apropiadas a fin de garantizar la salud y los derechos humanos de esta mejor, “basta ya de irresponsabilidad, no queremos más Esperancitas”.