Claro reiteró que se mantienen los obstáculos para la expansión de su red de Fibra Óptica en Puerto Plata, ya que la mayoría de los expedientes sometidos al Ayuntamiento de ese municipio desde el 2014 no han sido aprobados, sin justificación legítima alguna.
La empresa afirma que cuenta con la concesión del Estado Dominicano para proveer todos los servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, incluyendo la televisión por cable, bajo el amparo de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98. Todas las actividades realizadas por Claro, tanto en Puerto Plata como en todo el territorio nacional se ejecutan en estricto cumplimiento de toda la normativa jurídica de la República Dominicana.
Las trabas municipales antepuestas a Claro han frenado la inversión de capital para la expansión de la red en esta ciudad, lo que ha impedido el aprovisionamiento de los servicios a un grupo de clientes corporativos de diferentes sectores establecidos en Puerto Plata.
Claro ha solicitado formalmente la Resolución del Concejo de Regidores que se alega prohíbe la instalación de nuevos alambrados en Puerto Plata. En todo caso, los trabajos que esperan aprobación no serían realizados en el Centro Histórico de esa ciudad, como se ha querido implicar.
En su trayectoria de más de ocho décadas en la República Dominicana, la empresa se ha destacado por ser fiel cumplidora de las leyes y regulaciones vigentes para la operación de su negocio en el país, caracterizándose por ser un ciudadano corporativo responsable y respetuoso de la ética empresarial.