Santo Domingo, 6 abr (EFE).- El conflicto entre la empresa que gestiona el vertedero de las ciudades del Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y los municipios de la provincia Santo Domingo) y las alcaldías persiste hoy, impidiendo la total recogida de la basura, que se sigue acumulando en espacios públicos de la ciudad.
Varias alcaldías del Gran Santo Domingo han denunciado en las últimas horas que la empresa Lajún Corporation, que gestiona el vertedero de Duquesa, les impide depositar la basura en este lugar, lo que podría derivar en un problema sanitario para los municipios.
La acción, aseguraron los responsables de estos ayuntamientos, fue adoptada por la empresa para obligarles a pagar una supuesta deuda por el servicio, lo que, según afirman, no existe.
El alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, aseguró hoy que las alcaldías de Santo Domingo "no le deben al vertedero de Duquesa" y que, por el contrario, es Lajún Corporation la que le adeuda 7 millones de pesos (unos 147.900 dólares) a su ayuntamiento por el arrendamiento de los terrenos donde está el depósito de basura.
Desde hace varias semanas la ciudad enfrenta problemas en la recogida de basura, provocando la improvisación de vertederos, debido a las diferencias entre las alcaldías y Lajún Corporation por los precios del servicio, que llevó a la empresa el pasado mes a reducir el horario de actividad en el depósito, aunque posteriormente dejó sin efecto esta medida.
El pasado 23 de marzo ambas partes informaron de un acuerdo preliminar para solucionar el conflicto, pero las alcaldías acusan a la administradora de incumplirlo.
El presidente de la comisión de contratos de la Cámara de Diputados, Héctor Féliz, informó hoy que, tras una investigación, se determinó que el contrato de venta de los terrenos del vertedero de Duquesa no fue aprobado por el Congreso Nacional, violentando las leyes, por lo que el caso fue enviado a la Procuraduría General que deberá determinar si ciertamente se cometieron irregularidades.
"Hemos determinado que (el acuerdo) no llegó a la Cámara de Diputados ni al Senado, por lo que nos desprendemos de este contrato y lo pasamos a las autoridades correspondientes para que ellas sean las que determinen si hubo falsificación".
La empresa, por su parte, insiste en la legalidad del contrato.EFE