SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Desde la llegada al país de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cientos de personas se han dirigido al Club de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para presentar sus denuncias ante la misión, la cual se encuentra en territorio dominicano con la finalidad de supervisar y analizar el alcance de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

La Comisión, recibe un amplio número de denuncias de dominicanos y extranjeros por igual – tanto por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 u otro caso –, quienes exponen sus situaciones para luego ser analizados y determinar si pueden ser procesados a través ese organismo.

Entre los casos expuestos se encuentra Joel Guzmán, quien dice haber nacido en República Dominicana hace 23 años. Explica que su madre se encuentra estable en el país y su padre viaja (a Haití) “a veces”.

Relata que ha recibido diversas razones para no obtener el documento de identidad y electoral, entre ellas, que “deben esperar la resolución de las autoridades”. Indica que no ha podido obtener la cedula debido a problemas con su acta de nacimiento.

Otro caso es el de la señora Miriam Pie, radicada en el país desde el 16 de enero de 1962, y quien dice que de forma directa no ha tenido ningún inconveniente hasta la fecha. Señala que desea solicitar documento, admitiendo que el mismo no ha sido negado.

Pero los casos recibidos por la CIDH tienen un tono variopinto. Ciudadanos alejados del conflicto migratorio y se dieron cita para elevar sus denuncias y de esa forma solicitar que sus voces sean escuchadas.

Así lo hizo la magistrada Santa Moreno, Jueza de la Cámara Penal de la corte de apelación de San Cristóbal, quien asistió al Club de Profesores de la UASD para presentar formal denuncia ante la misión de los derechos humanos, según dice, contra lo que considera una “violación a sus derechos”, al irrespetar el debido proceso para los ascensos estipulado por la ley.

Indica que fue sometida a un juicio disciplinario y posteriormente a una pensión forzosa, luego de presentar tres recursos de amparo, como establece el reglamento interno de la Suprema Corte de Justicia.

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