SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Después de casi siete horas terminó la cita entre Berlinesa Franco, ex directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI) y la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos, para atender las demandas públicas que recibió con relación a las compras y contrataciones ilegales durante el Estado de emergencia que hizo la institución y terminaron con su dimisión del cargo.
Franco llegó a la Fiscalía del Distrito Nacional a las 9:55 de la mañana acompañada de la abogada Emery Rodríguez, y salieron de allí próximo a las 6:00 de la tarde. A pesar de esto, al salir de la reunión Ramos dijo que no descartan que deba asistir a otro interrogatorio, o que tomen “otro tipo de acciones”.
Al ser cuestionada sobre los temas que se trataron en el tiempo que duró la entrevista, la fiscal del Distrito no ofreció detalles y señaló que no podían determinar la participación de Franco en el caso por el numero de horas, sino por la cantidad de información.
Aprovechó para explicar que una vez el Ministerio Público recibió la denuncia, cada semana llamaron a personas involucradas. Dejaron el interrogatorio de la ex directora de último a los fines de dar tiempo a que las instituciones suministraran información.
El caso se dio a conocer cuando en abril del año en curso, el empresario Pablo Cabrera dijo en el programa “Esta Noche Mariasela” que el INAIPI hizo licitaciones en estado de emergencia para justificar la adjudicación de un contrato a un proveedor específico, a pesar de que la organización no está dentro de las instituciones autorizadas por decreto para hacer contrataciones por emergencia.
Denuncia penal
Mientras se llevaba a cabo la reunión, la Fundación Justicia Integral (FINJUSIN) depositó una denuncia penal para que se inicie una investigación contra Berlinesa Franco, Juan López, Ramón Hernández, Alberto José Patxot, Stefany Severino, Clementina Pieter, Ricardo José Guzmán Domínguez y Mayra Martínez de la Rosa; por los delitos de presunta administración fraudulenta.
Los nombrados son ex funcionarios públicos del INAIPI destituídos por el Poder Ejecutivo, con excepción de Berlinesa Franco, quien renunció al cargo luego de que saliera a la luz pública que desde el órgano se manipulaban los procesos de licitaciones para beneficiar a determinados ofertantes.