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CIDH rechaza amenazas contra Juan, Huchi, Fausto, Zapete, Colombo y Cabreja

Por Gustavo Olivo Peña


SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El informe preliminar sobre la visita in loco a la República Dominicana de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) censuró las amenazas de muerte e insultos que han sido proferidos por los nacionalistas contra los periodistas Marino Zapete, Fausto Rosario Adames, Juan Bolívar Díaz, Ramón Emilio Colombo y el economista Javier Cabreja.

A los periodistas y al economista se les ha amenazado porque en sus comentarios por los medios de comunicación han rechazado la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que despoja de la nacionalidad a cerca de 200 mil dominicanos de ascendencia extranjera, sobre todo haitianos, y que incluye a todos los nacidos desde 1929 hasta la fecha.

El informe resalta los ataques a la activista Ana María Belique, líder y activista del Movimiento Reconocido, a quien los nacionalistas advirtieron que la “mudarían” al barrio donde vive Sonia Pierre, una líder pro derechos humanos ya fallecida.

Asimismo, el informe censuró la quema de libros del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, de parte de los nacionalistas, porque criticó la TC-168.

La CIDH también rechazó la declaración de persona no grata contra Gonzalo Vargas Llosa, representante del ACNUR para la República Dominicana, hijo de Mario Vargas Llosa.

Asimismo, hace alusión a las insultos y descalificaciones hechos por los nacionalistas contra las juezas Katia Miguelina Jiménez e Isabel Bonilla, del Tribunal Constitucional, porque no votaron a favor de la sentencia TC 168-13; así como también los insultos contra la diputada Guadalupe Valdez, entre otras personas.

A continuación la parte del informe que toca este tema:

Intolerancia e incitación a la violencia

La publicación de la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana de 23 de septiembre de 2013 generó en el país reacciones de apoyo y de rechazo. En particular, se creó un ambiente de hostilidad contra quienes han criticado la sentencia y han defendido el derecho a la nacionalidad dominicana de las personas que resultarían afectadas por ésta. Según información recibida por la Comisión Interamericana, las expresiones contra periodistas, intelectuales, abogados, políticos, defensores de derechos humanos y figuras públicas que han criticado dicha decisión han adquirido niveles alarmantes de agresividad.

Estas personas han sido calificadas como “traidores a la patria” y han recibido graves amenazas a través de redes sociales, comentarios en diarios electrónicos y consignas dentro de protestas y manifestaciones en las que se reclama dar “muerte a los traidores”. La Comisión Interamericana manifiesta su preocupación por las amenazas y descalificaciones que han recibido las personas que se han pronunciado de forma crítica sobre la sentencia.

Por ejemplo, el 4 de noviembre, en el marco de una manifestación convocada por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía en apoyo a la decisión del Tribunal Constitucional, a la cual habrían asistido algunos funcionarios públicos, se habría acusado a organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas de ser “traidores de la patria” por criticar la decisión.

En la manifestación se proclamó la consigna “muerte a los traidores”, y se circuló un panfleto titulado “El Álbum de la Traición”, en el que aparecen nombres y fotografías de periodistas, defensores y políticos que han criticado la sentencia. Asimismo, las magistradas del Tribunal Constitucional Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez, que votaron en disidencia, fueron acusadas de “traidoras de la obra de Duarte”.

En otra manifestación que tuvo lugar el 13 de noviembre, un grupo de organizaciones comunitarias de la zona de Santiago habría realizado un acto simbólico en el que habrían quemado el libro de Mario Vargas Llosa “La Fiesta del Chivo”, y habrían declarado como “persona non grata” a su hijo, Gonzalo Vargas Llosa, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Santo Domingo, así como al excónsul haitiano Edwin Paraison y a la ONG Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS).

La diputada Guadalupe Valdez, que habría criticado la sentencia del Tribunal, habría sido acusada de “traidora” y habría sido citada al Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados por supuestamente haber participado en una manifestación en contra de la sentencia, en el marco de un acto donde participaba el presidente.

Los periodistas Luis Eduardo (Huchi) Lora y Juan Bolívar Díaz interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en la que solicitaron iniciar una investigación contra los responsables de las amenazas de las que han sido víctimas a raíz de sus expresiones críticas sobre la decisión del Tribunal.

En la denuncia informaron de la existencia de un nuevo panfleto, donde aparecen caricaturizados de forma diabólica e identificados como traidores. “La combinación de las consignas en la manifestación pública, junto al contenido del “Álbum de la Traición”, así como el panfleto (…), contienen suficientes elementos que permiten inferir que el objeto del panfleto es relacionarlo con las señaladas consignas al identificar con nombre, apellido e imagen a los supuestos “traidores” a quienes habría que dar muerte”, indican.

En este contexto se han reportado otros casos de defensores y comunicadores que han sido estigmatizados y han recibido amenazas. Entre ellos se encuentran los periodistas Marino Zapete, Fausto Rosario Adames, Ramón Emilio Colombo, y Javier Cabreja.

El 4 de noviembre Ana María Belique, líder y activista del Movimiento Reconocido, habría recibido mediante la red social Twitter amenazas por parte de particulares:

“Vamos a tener que mudar a la Belique al mismo barrio donde vive Sonia Pierre” (activista y defensora de derechos humanos que falleció en 2011) y “estamos dispuestos a todo si quieren sangre, sangre tendrán”.

 

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