SANTO DOMINGO, República Dominicana-. El Consejo Económico y Social (CES) se reúne esta tarde a las 4:00 con la mirada puesta en alcanzar en seis meses lo que no logró en ocho años: una reforma fiscal. Lograr la meta dependerá, esencialmente, de que el Gobierno ordene su casa.
“¿Para qué un Gobierno necesita ingresos? Para invertir y por eso es importante la calidad ¿En qué se va a gastar lo que el gobierno está solicitando como ingreso? Creo que ahí radica fundamentalmente el nudo de la cuestión”, adelanta el presidente del CES, Rafael Toribio.
Si entrar en detalles de cuáles podrían ser las nuevas figuras impositivas que a partir del 2022 se implementarán en República Dominicana, Toribio insiste en que el pacto fiscal integral “tiene que hacer énfasis en la calidad del gasto, para poder justificar los impuestos”.
El fracaso del Consejo Económico y Social (CES) para consensuar un pacto fiscal estuvo precisamente marcado por este detalle. En 2012, cuando iniciaros los aprestos para abordarlo, el Gobierno entrante de Danilo Medina se encontró con un déficit fiscal de RD$ 187 mil millones y con la urgencia de entregar un presupuesto al 2013 que tapara el agujero. La forma fugaz era sumar más impuestos y así ocurrió el 13 de noviembre, con la aprobación de la Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.
“El pacto fiscal (2012) fue sacado del CES porque los actores que estaban participando hicieron hincapié en el gasto y en aquel momento al Gobierno lo que le interesaba eran los impuestos”, recuerda Toribio. “Sin embargo, creo que en esta oportunidad hay una apertura de parte del Gobierno, de que no, no, tenemos que hablar de la calidad del gasto”, reflexiona el presidente de CES que, en lo adelante, tendrá la agenda ocupada para lograr antes de mayo las reformas fiscal y eléctrica aplicables para el 2022, como mandó el presidente Luis Abinader.
En medio de las expectativas y quejas sobre las nuevas cargas impositivas propuestas en el proyecto del Presupuesto Nacional 2021, Abinader las dejó sin efecto, con la orden de que desde el 26 de octubre y “en un plazo no mayor de seis meses (en abril se cumple el plazo)”, el Consejo Económico y Social tendrá que zanjar los pactos pendientes.
Ambos pactos, el eléctrico y fiscal, forman parte de las disposiciones incluidas en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que data de enero del 2012. Más de ocho años han pasado. El pacto en materia eléctrica está bastante adelantado y sería básicamente retomar lo consensuado en buena parte de su contenido, indica Toribio. Del pacto fiscal, agrega, “habría que validar lo poco que se ha avanzado”.
“Hay, de hecho es mi parecer, una serie de consenso vamos a decir, informales, sobre cuales pueden ser los contenidos fundamentales de un pacto fiscal, de eso se está hablando hace mucho tiempo”. Toribio no toca nuevas figuras impositivas. Pero hay algunas que, de forma insistente, figuran cada vez que se habla de nuevos impuestos: los que gravan las compras y los servicios de Internet.