SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Centro Bonó presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un escrito de defensa del “Plan nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular” a través de una intervención voluntaria que refuta jurídicamente las acciones de inconstitucionalidad elevadas contra el Plan de Regularización por un grupo de abogados e instituciones encabezadas por Juan Miguel Castillo Pantaleón, la autodenominada Red Nacional por la Defensa de la Soberanía y la Fundación FESORE, Inc.
“Lamentamos que sectores que se promueven como defensores de la soberanía nacional, supuestamente preocupados por los altos flujos de migrantes en situación irregular al país, se opongan al esfuerzo por establecer un plan que ordene y controle los flujos migratorios de un modo más eficiente, realista y transparente”.
El Centro Bonó depositó su intervención voluntaria ante el Tribunal Constitucional a través de la Secretaría General, el pasado 4 de marzo a las 2:34 de la tarde.
Dicho documento contiene 23 páginas de argumentos jurídicos en los que se demuestra la falta de sustento jurídico de este intento por anular el Plan de Regularización.
“Las acciones en inconstitucionalidad contra el Plan de Regularización no tienen base constitucional ninguna, sino que se limitan a expresar el desacuerdo de quienes las sometieron con dicho Plan y hasta con la propia Ley de Migración. Su objetivo es obstaculizar una labor de regularización que es necesario en República Dominicana y que fue mandado por la ley casi 10 años”.
Roque Féliz, director ejecutivo del Bonó, señaló que “hay sectores opuestos al Plan de Regularización que lo que desean es que siga al manejo discrecional y arbitrario de la política migratoria. En el fondo, dichos sectores no favorecen que se ordene y controle de forma eficiente el flujo migratorio, reconociendo las necesidades del país y respetando los derechos de todos”.
El Centro Bonó acude al Tribunal Constitucional con esta intervención voluntaria convencido de que con ello contribuye a la reflexión jurídica de un tema de alta relevancia nacional “que ha sido manipulado en los medios por sectores que buscan confundir a la población asociando la problemática migratoria con el tema de la nacionalidad”.