SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Organizaciones miembro de la campana mundial Armas bajo Control, incluyendo el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), celebraron la ratificación número 50 del Tratado Mundial de Comercio de Armas, dándose así inicio a la cuenta regresiva para su entrada en vigencia y convertirse en instrumento vinculante para los Estados parte, como es el caso de la República Dominicana.
“Hoy, 25 de septiembre de 2014, el Tratado de Comercio de Armas alcanza un nuevo hito cuando un grupo de Estados,entre ellos Argentina, Las Bahamas, la República Checa, Portugal, Senegal, Santa Lucía y Uruguay,se dispone a depositar instrumentos de ratificación en un evento especial en las Naciones Unidas, superando las 50 ratificaciones necesarias para la entrada en vigor”.
Con motivo de ese trascendental hecho, la coalición Armas bajo Control, red global de la sociedad civil que ha venido impulsando la aprobación de este tratado, ha puesto en marcha una campaña a través de los medios llamada “50 celebrando 50” con el objetivo de resaltar la importancia de asumir el tratado como un compromiso de primer orden. En esta campaña participan las voces de 50 individuos clave, tanto de gobiernos como de la sociedad civil y Naciones Unidas, quienes han tenido un liderazgo fundamental en el proceso.
Orlidy Inoa, investigadora del ICED, ha afirmado que el Estado dominicano asume una gran responsabilidad con esta entrada en vigor, siendo imperativo aprobar una reforma a la legislación actual de control de armas acorde con las disposicionesde este instrumentojurídico,resaltando que ha llegado el momento de dotarnos de una nueva ley mucho más efectiva y que parta de un enfoque preventivo.
El Tratado de Comercio de Armas es el primer acuerdo internacional vinculante para regular un comercio anual de $85 mil millones de dólares, uno de los más lucrativos, y a la vez letales, del mundo. En virtud del mismo, los Estados deben evaluar los riesgos de las transferencias de armas y municiones asegurándose de que no se utilicen para cometer abusos o violaciones graves al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos en sentido general, quedando prohibidas de ser así. Una vez que el tratado entre en vigor, el próximo gran desafío será garantizar que sea debidamente implementado y adaptadas las estructuras de control de cada país.