SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Centro de Estudios de Género del INTEC (CEG-INTEC) lamentó la decisión de la Cámara de Diputados que el pasado martes 14 de junio devolvió a la comisión de Salud el Proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva, a pesar de que ya esa instancia había presentado un informe favorable.
Lourdes Contreras, coordinadora del CEG-INTEC calificó la decisión como una desconsideración al trabajo realizado en comisión durante más de un año, período en el cual se analizó y reformuló la pieza legislativa propuesta por los diputados Cristian Paredes y Hugo Núñez.
“Este proyecto de ley que estaba supuesto a ser conocido en primera lectura este martes 14, le da por primera vez a la sociedad la oportunidad de colocarse de manera independiente en la toma de decisiones sobre información, acceso a servicios relacionados con su salud sexual y reproductiva, y al acceso a métodos anticonceptivos efectivos”, refirió Contreras.
Sostuvo que las mujeres tienen derecho a que el Estado les garantice una preservación duradera de su salud, ofreciendo servicios de calidad, para lo cual es necesario un marco normativo que establezca responsabilidades interinstitucionales e intersectoriales.
“Este proyecto de ley que le da a la sociedad la oportunidad de colocarse de manera independiente en la toma de decisiones sobre información, acceso a servicios relacionados con su salud sexual y reproductiva”
Agregó que el proyecto de ley no toca temas relacionados con el estado civil, por tanto no refiere al tema del matrimonio igualitario como lo afirman sectores de la Iglesia Católica.
“Esperamos que no se mantenga esta postergación del conocimiento del proyecto de ley, resultado de presiones externas, y que por el contrario a propósito de la demanda de las mujeres se recoloque prontamente en la agenda legislativa para el logro de políticas que favorezcan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las feminas”, sostuvo.
Indicó que el citado proyecto de ley tiene como finalidad garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, contempla planes para prevenir enfermedades y atender la salud de las personas en las áreas relacionadas con la sexualidad y la reproducción, así como dispone a las instituciones estatales a tomar medidas para la promoción y disfrute de la salud sexual.
La pieza que fue depositada en el Congreso Nacional hace 4 años, tipifica como una violación la discriminación contra las personas por motivo de su orientación sexual o identidad de género en el marco de la atención a la salud e impone sanciones en este orden.
Así como, regula la interrupción del embarazo cuando corre peligro la salud y la vida de la madre, acorde con lo establecido en el Código Penal aprobado el 19 de diciembre del año 2014.
Contreras explicó que una Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva supera vacíos del marco normativo de la ley General de Salud y contribuye a la formulación y aplicación de políticas para la reducción de la mortalidad materna y los embarazos a temprana edad.
Además, dijo esta garantiza una educación integral en sexualidad y servicios de salud de calidad en estas áreas y reduciría los riesgos de enfermedades de transmisión sexual, al afianzar métodos efectivos de protección e información oportuna.