A pesar de su trágica secuela, de muertes, violencia y fraude, el fantasma del Concejo Estatal de Azucar –CEA- continúa su saga amenazante en varias comunidades de la República Dominicana. Usando sellos gomígrafos, papel timbrado y hasta guardias del ejército, ciertas células de una institución que ya no tiene razón de existir, continúan causando estragos a familias trabajadoras, campesinos, negocios y lugareños que de repente tienen que competir con impostores que llegan a reclamar un terreno que supuestamente le pertenece.
Tal es el caso de los lugareños del Batey Tarana, en Sabana Grande de Boyá, en donde la dependencia del CEA sigue haciendo travesuras, a pesar de que todas las tierras ya están, por disposición del mismo CEA, ocupadas de forma legítima, continua y pacífica, desde hace décadas. 
El pasado 12 de octubre, una turba encabezada por funcionarios del CEA, empleados de un reconocido invasor y hasta guardias del ejército se dedicaron a tumbar una cerca perteneciente al proyecto ecológico Serapius Green, un negocio familiar, regentado por el nieto de Serapio Aquino –pionero de la zona hasta el punto que el manantial del complejo lleva su nombre hace más de 70 años-, el prestigioso cirujano plástico Asmin Aquino. “Es increíble que personas actuando en nombre del Estado estén ejecutando acciones abiertamente delincuenciales”, dijo el doctor.
En este caso, afirma, los funcionarios locales del CEA están actuando como testaferros de un reconocido invasor de tierras llamado Crescencio Hermógenes Rosario, quien ha tenido varios problemas con lugareños porque reclama terrenos que supuestamente compró, a pesar de que los terrenos ya son propiedad de otras personas que lo habían comprado al CEA anteriormente o que sencillamente eran los dueños hace muchas décadas.
El invasor Rosario se siente tan apoyado por alguien en el CEA que ha declarado que toda esas tierras, incluso donde vive la gente hace más de 70 años son de su propiedad, llegando al colmo de parar construcciones en el Batey pues esas tierras, según él, son suyas, algo muy parecido a la venta de Los Tres Brazos. Hay casos documentados de ese mismo personaje invadiendo otros terrenos en esa zona desde hace años y amenazando con desalojar personas de sus casas.
Pero resulta, que la administración central del CEA supuestamente no sabe nada. Cuando se averiguó quién ordenó la turba para derribar la cerca de Serapius, todos se negaron, nadie había autorizado la acción ilegal, nadie sabía nada en la dependencia provincial o de la capital, a pesar de que se puso un letrerito que decía “terreno recuperado por el CEA”. Después de la insistencia, se supo que fueron los empleados del CEA, Agustin Tolentino, empleado del CEA en la capital, aunque con raíces en la zona Sabana Grande de Boyá, quien a su vez señaló a sus compartes Aquiles Mejía, alias William y el nombrado Nelson Coca, ambos de la dependencia del CEA de Sabana Grande de Boyá, una dependencia acusada desde hace tiempo de cometer abusos contra los lugareños y mantener en zozobra a quienes no tienen dinero o no están conectados. Pero nunca hay consecuencias.
A través de los decretos 360-13 y 268-16, el presidente Danilo Medina ordenó la suspensión de todo tipo de negocios y transacciones con las supuestas tierras del CEA. Pero los empleados al parecer empleados del CEA, particularmente en Sabana Grande de Boyá y sus conexiones en la capital, actúan por su cuenta y a espaldas de las leyes, hicieron caso omiso a la decisión del presidente, y siguen trayendo problemas a los moradores.
De hecho, hace apenas dos meses, en agosto de este año, decenas de campesinos hicieron una protesta en Sabana Grande de Boyá denunciando que estaban siendo acosados por personas interesadas en despojarlos de sus tierras, con la ayuda de los empleados del CEA en la localidad, que al parecer tienen un negocio redondo vendiendo propiedades ajenas.
En el Batey Taranas, los lugareños han decidido organizarse para enfrentar al invasor, y a los inescrupulosos empleados del CEA, pero las amenazas de invasores y abusadores son múltiples, y es al gobierno a quien te toca la responsabilidad de proteger a los moradores.
En cuanto al incidente de la cerca de Serapius, el doctor Aquino se queja de que, a pesar de haber comprado los terrenos legítimamente y tener posesión pacifica hace muchos años, la administración central del CEA no toma las decisiones pertinentes para acabar de una vez y por todas con este tipo de situaciones. 
“Parece que están esperando que haya una tragedia. Esta comunidad es una comunidad pacífica y muy trabajadora. Pero la violencia y el abuso patrocinado por los empleados del CEA, puede provocar situaciones lamentables y hay que evitar eso a toda costa”, dijo. En efecto, cuatro días después que derribaron la cerca, un incidente violento ocurrió cuando empleados de Serapius la reparaban y un empleado del señor invasor, que también es empleado de otra dependencia del gobierno, fue al lugar a provocar. Por suerte no hubo un saldo trágico. Pero no se explica que hay que esperar a que ocurra una tragedia para resolver un problema tan importante para una comunidad.
De acuerdo al doctor Aquino, el CEA ya le ha informado al invasor Rosario que esas tierras no son suyas. “Ya han venido a medir por lo menos cuatro veces, y el resultado es el mismo, las tierras son legítimamente posesionadas. Pero el problema está dentro CEA, que a pesar de haber cobrado por las ventas hace mucho tiempo, y haber certificado la propiedad, parece que tiene islas autónomas en su seno que no permiten que la institución de solución definitiva a las situaciones que generan conflictos.
El doctor Aquino afirma haber agotado todos los medios posibles, incluso haberse reunido con numerosas autoridades del CEA, incluyendo al mismo director, con quien se reunió el pasado 16 de octubre, pero nadie parece tener la autoridad para enfrentar las mafias dentro de esa dependencia.
‘Yo vengo de una familia que cree en progresar en base al trabajo y en el respeto a las leyes. Jamás me apropiaría de algo que no me corresponde. Pero precisamente por eso, espero que nuestras autoridades hagan respetar las leyes, para el bien de todos”, dijo.
La zona de Sabana Grande de Boyá y sus bateyes aledaños han sido particularmente víctimas de las injusticias cometidas por empleados inescrupulosos del CEA. Con el establecimiento de la industria azucarera, la mayoría de las tierras fueron expropiadas por el dictador Rafael Leonidas Trujillo a los lugareños. Tras el colapso de la industria, los lugareños tienen que competir con impostores por lo poco quedó y el CEA sigue agravando el problema vendiéndoles sus propiedades a personas adineradas interesadas. La situación es explosiva y las autoridades deben hacer algo, antes de que ocurra otra tragedia.