SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Al iniciar el tercer cuatrimestre del año, el país se encuentra inmerso en varios casos judiciales de importancia exorbitantes que involucran a funcionarios y exfuncionarios públicos, miembros de instituciones castrenses y empresarios privados, y aún se baten en los tribunales dominicanos.
Este martes cinco de septiembre se cumple el plazo de cuatro meses otorgado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para presentar formal acusación en el caso de los aviones Super Tucano.
Dicho plazo fue otorgado el pasado mes de mayo a pesar de haberse cumplido la fecha para que el Ministerio Público haga efectiva la acusación que envuelve una suma de 3.5 millones de dólares e involucra a militares, empresarios y legisladores.
El pasado mes de junio, se llevaron a cabo nuevos interrogatorios a dos de los involucrados el exsecretario de las Fuerzas Armadas, exgeneral Rafael Peña Antonio, y el coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Carlos Piccini; estos no ofrecieron declaraciones a la prensa a pesar de permanecer horas en las instalaciones de la Pepca.
Por este caso guarda prisión preventiva de un año, el coronel Carlos Piccini. Mientras los demás acusados el exgeneral Rafael Peña Antonio y los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, padre e hijo.
Los reabiertos
Asimismo fue reabierta la acusación contra el exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez Grullón, que se archivó el viernes 27 de marzo del 2015 llamado “viernes negro” por los dominicanos ya que dicho día se dictó No Ha Lugar a la investigación en contra de Félix Bautista, candidato a Senador por San Juan de la Maguana y del mismo partido.
Dicho archivo fue revocado el 6 de abril del siguiente año, por malversar más de 400 millones de pesos provenientes del presupuesto de la institución que encabeza.
La decisión de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo fue dada a raíz del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República, en contra del auto de No Ha Lugar que favoreció al alcalde de este municipio y excandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El No Ha Lugar a su favor fue dictado por el juez Víctor Mejía Lebrón, el pasado marzo 27 del 2015, quien fue suspendido y luego destituido de la Suprema Corte de Justicia tras ser acusado de prevaricación y otorgar fallos a favor por sobornos.
Otro caso reabierto recientemente por las autoridades dominicanas, involucra al exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, contra quien la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó acusación formal por corrupción.
La acusación fue presentada y una semana después se conoció la audiencia presentándose las pruebas ante el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional.
Según informaciones de pasadas gestiones, Rodríguez Pimentel usó en 2008 más de 661 millones 340 mil pesos, de los fondos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), sin la aprobación del Consejo de Administración de esa entidad.
En ese entonces el líder del grupo Corriente Balaguerista, gastó de los recursos del INDRHI más de 1 millón 400 mil pesos en alquiler de habitaciones en el Hotel El Embajador, que supuestamente usaba como “oficinas”, y más de 1millón 500 mil pesos en gastos de representación, sin ningún comprobante y por medio de una tarjeta de crédito asignada a la Dirección Ejecutiva de la entidad estatal.
Mientras que en el año 2012, la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) sometió a la justicia a Héctor Rodríguez Pimentel y otros 7 ex funcionario del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) por desfalco.
En la actualidad la Pepca reveló que debido al tipo de prueba y la contundencia de los hechos que posee la Pepca en contra del exfuncionario del Indrhi, existe la posibilidad de que se haga acto de apertura a juicio.
El más sonado
Hace aproximadamente tres meses el Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, dictó medidas de coerción contra los imputados en el caso de corrupción de la empresa Odebrecht correspondientes a prisión preventiva, prisión domiciliaria, garantía económica y presentación periódica, al tiempo de declaró complejo el caso.
Dichas medidas fueron variadas un mes después, por los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con los votos disidentes de manera parcial de dos jueces y el voto disidente de manera total de la magistrada Miriam Germán.
Empero no fueron variadas las medidas del representante comercial de Odebrecht, Ángel Rondón, y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quienes este 7 de septiembre cumplirán tres meses de prisión en el centro correccional de Najayo Hombres.
Tampoco fueron variadas las medidas de los dos congresistas Julio Cesar Valentín y Tommy Galán, quienes no apelaron; mientras a Alfredo Pacheco se le mantuvo la misma coerción de la garantía de cinco millones de pesos a pesar de su apelación.
La Procuraduría tiene hasta el mes de febrero del año 2018 para depositar imputación formal contra los 14 acusados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht, valorados en 92 millones de dólares.
Vestigios de otros casos
En tanto, aún se encuentran en conocimientos judiciales los casos que vinculan a exjueces acusados de prevaricación y que fueron señalados por otorgar fallos a favor de sicarios y narcotraficantes a cambio de dinero.
Los señalados son Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, quienes llevan dos años en audiencias y guardan prisión domiciliaria.
Igualmente un caso vinculado a la exjueza Awilda, es el llevado contra el exregidor de Pedro Brand Ericson de los Santos Solis, quien junto al expresidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), Arsenio Quevedo, y otros, está siendo acusado de sicariato.
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