Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- Todas las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la República Dominicana por los sobornos que la constructora Odebrecht pagó en el país para obtener contratos de obras públicas, las realizó en coordinación con el Ministerio Público Federal y la Procuraduría General de Brasil.
La Procuraduría General sostuvo que ha trabajado de manera conjunta en ese caso con la Fiscalía de Brasil y con el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, recibiendo colaboración de ambos países.
Tan pronto las autoridades dominicanas supieron del escándalo de corrupción del caso Odebrecht a finales del 2016 iniciaron una serie de acciones en colaboración con las autoridades de ese país, destacó la información.
Eso incluyó la firma de un acuerdo de cooperación jurídica internacional, conocido como la "Declaración de Brasilia" que, además de la República Dominicana, fue rubricado por el Ministerio Público Federal de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal y Venezuela.
El texto indica que la República Dominicana, con tres solicitudes de cooperación, "fue uno de los países que menos accionaron con las autoridades brasileñas para solicitar ayuda en 2017 y 2018″, y recuerda que "fue el primer país latinoamericano con el que Odebrecht firmó un acuerdo, homologado en abril de 2017 por la Justicia del país caribeño
En el marco de esa colaboración y coordinación, las autoridades de Brasil sugirieron al Ministerio Público dominicano que firmara un acuerdo con Odebrecht, tal cual lo habían hecho ellos, así como Estados Unidos y Suiza.
El comunicado también explica que los demás países firmantes, es decir, Panamá, Guatemala y Ecuador, tomaron el documento firmado por la República Dominicana como referente para hacer sus respectivos acuerdos.
Esto fue así en virtud de que las autoridades de Brasil en ese momento no podían compartir información con los demás países, ya que los acuerdos de lenidad y de colaboración premiada que habían firmado con Odebrecht estaban sujetos a términos de confidencialidad, conforme a la legislación brasileña y las cláusulas contractuales convenidas.
Para "subsanar ese impedimento" y obtener la información necesaria sobre los hechos relacionados con la República Dominicana, el Ministerio Público firmó en marzo de 2017 un acuerdo de colaboración con Odebrecht, "convirtiéndose en el primer país latinoamericano en hacerlo, algo que le ha permitido llegar al final de la audiencia preliminar en un tiempo récord", dice la nota.
La PGR aclaró que todos los documentos e informaciones recibidas en virtud de ese acuerdo fueron recibidos directamente por el Ministerio Público Federal de Brasil, limitándose Odebrecht a confirmar las informaciones y las documentaciones que le había suministrado a las autoridades de Brasil.
La institución del sistema de justicia dominicano difundió el comunicado como respuesta a un estudio de Transparencia Internacional donde se pone en tela de juicio el manejo dado al caso en algunos países donde se produjeron los sobornos.
El texto indica que la República Dominicana, con tres solicitudes de cooperación, "fue uno de los países que menos accionaron con las autoridades brasileñas para solicitar ayuda en 2017 y 2018″, y recuerda que "fue el primer país latinoamericano con el que Odebrecht firmó un acuerdo, homologado en abril de 2017 por la Justicia del país caribeño".
Además, la organización señala la recién inaugurada Central Termoeléctrica de Punta Catalina como una de las obras con posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de la obra.
En su comunicado, la Procuraduría también alude a "la estrategia de desinformación que llevan a cabo los imputados para desacreditar el trabajo serio y responsable que ha hecho el Ministerio Público para procurar justicia en este emblemático caso".
En este sentido, señala que los imputados y sus abogados han utilizado durante el proceso "un sinnúmero de maniobras, muchas de ellas usando informaciones para falsearlas, manipularlas y alterarlas"
"Todo ello con el firme propósito de entorpecer y retardar el proceso para no enfrentar una eventual decisión en su contra, más en estos momentos cuando se está a la espera del fallo que establecerá si serán enviados a juicio de fondo", termina el comunicado.EFE