SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El jurista Carlos Salcedo, abogado de la defensa del expresidente del Senado, Andrés Bautista García, proclamó que el expediente contra su defendido no tiene ninguna base de sustentación, ya que las pruebas que presentó el Ministerio Público parten de informaciones falsas y no demuestran que éste recibiera sobornos de la constructora Odebrecht.
Afirmó que el Ministerio Público tampoco podrá probar que Bautista García incurriera en enriquecimiento ilícito, en lavado de activos en perjuicio del Estado Dominicano ni que transfirió, convirtió, ni ocultó dinero por un monto de 1,800 millones de pesos, como se señala en el expediente acusatorio.
Entrevistado por los periodistas José Miguel Carrión y Daniel Candelario en el programa Tres a la Semana, que se difunde por Cinevisión, Canal 19, Salcedo manifestó que todas esas afirmaciones del Ministerio Público contra Bautista García son falsas, “y eso se cae fácil”.
“Esas son afirmaciones falsas, porque el Ministerio Público debió constatar si efectivamente eso existía en el banco. Primero, ese dinero nunca ha estado. La cuenta de Andrés (Bautista García) que mayor cantidad de dinero tenía cuando pusieron las medidas conservatorias bajo la autoridad del Ministerio Público tenía 149 mil pesos”, indicó.
Manifestó que el Ministerio Público debió demostrar primero que esos 1,800 millones de pesos estaban en las cuentas del ex presidente del Senado y que provenían del soborno atribuido a Odebrecht.
“Esas son afirmaciones falsas, porque el Ministerio Público debió constatar si efectivamente eso existía en el banco. Primero, ese dinero nunca ha estado. La cuenta de Andrés (Bautista García) que mayor cantidad de dinero tenía cuando pusieron las medidas conservatorias bajo la autoridad del Ministerio Público tenía 149 mil pesos”
Subrayó que a nombre de Andrés Bautista había cuentas con apenas 0.04 centavos de dólar, otras con 10 pesos y otra con 120 mil pesos en depósito.
“Pero aparte de eso, esos 1,800 millones de pesos que dicen que eran de Andrés, no pertenecen a Andrés; son unas cuentas mancomunadas de una empresa agropecuaria que se llama Agropecuaria Bautista”, indicó.
Dijo que hay otras empresas que el Ministerio Público dice que Bautista García controlaba y apenas tiene en ellas entre un 0.4 y un 5 por ciento de participación accionaria, que son empresas que a juicio del jurista fueron creadas en los años 1970, 77, 80, 87 y el 1990, “son empresas viejas”.
Explicó que Agropecuaria Bautista fue creada en enero del 2001, mucho antes de ser presidente del Senado, aparte de que es una empresa de varios socios.
Afirmó que lo que el Ministerio Público presenta como un dinero de su defendido que en realidad pertenece a una compañía, “pero además, cada uno de esos pesos, de los 1,800 millones de pesos, hay facturas a varias empresas tradicionales del país por concepto de venta de cerdos y de ganado”.
Dijo que hay cheques girados por concepto de esas ventas de Agropecuaria Bautista, con sus respectivos volantes de entrada a los bancos.
“Y resulta que yo le dije al Ministerio Público que se equivocaron, que no son 1,800 millones de pesos, son más de tres mil millones de pesos que entraron en 14 años a la cuenta, o sea, que yo los corrijo. Ahora, yo tengo las pruebas, mírenlas ahí donde están en las cajas, con cada una de las facturas que ustedes debieron buscar a ver si hay algún dinero de Andrés producto del soborno”, manifestó.
Código Penal
El jurista Carlos Salcedo también opinó que el Código Penal que se discute en el Congreso Nacional debe ser aprobado con las tres causales para provocar un aborto.
Estima que el aborto debe ser contemplado en los casos de la gravedad de la madre, salvo una decisión de esta para que privilegie a la criatura por nacer.
Atribuyó mucho miedo entre los legisladores a lo que pudieran opinar las iglesias católica o de cualquier otra denominación, pero desde el punto de vista del Estado, este tiene que tomar decisiones aunque sean impopulares.
Según Carlos Salcedo, hay debilidades y una notable falta de liderazgo en el Poder Judicial. Por eso considera que se debe hacer un cambio profundo de visión en los aspectos deontológico, moral y ético y tomar una decisión que se corresponda con el Derecho y los derechos ciudadanos de la justicia, que debe ser de calidad, profesionalizada y éticamente comprometida.