SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Preocupados por el uso de un mecanismo que atenta de manera directa contra la libertad de prensa, el libre comercio y el derecho a la libre información, decenas de periodistas pidieron a las asociaciones empresariales que repudien el acto de intimación que el superintendente de bancos, Euclides Gutiérrez Félix, hizo a los anunciantes del programa “Nuria Piera, investigación periodística”.

En una carta pública que ya circula entre periodistas y comunicadores, los representantes de la prensa, encabezados por Huchi Lora y Juan Bolívar Díaz, denuncian que “funcionarios gubernamentales cuyas actuaciones cuestionables han sido dadas a conocer por trabajos periodísticos de investigación…han reaccionado tratando de silenciar a la prensa haciendo presión sobre las empresas anunciantes”.

Para Huchi Lora, el periodismo nacional no precisa que Gutiérrez Félix se retracte, porque los anunciantes que se iban a intimidar ya se amedrentaron. Lo que se necesita, dijo, son garantías de que estas presiones no vuelvan a ocurrir y, para eso, le darán seguimiento a un recurso de amparo que interpuso Nuria Piera, afectada por la acción legal del funcionario.

En la carta se explica que “la víctima final de esta maniobra es el ciudadano, pues lo que se busca es que éste no pueda enterarse de las acciones cuestionables de esos servidores públicos, y para causar ese perjuicio a la sociedad, pretenden amedrentar a periodistas y a empresarios”.

La carta está firmada por Adalberto Grullón, Fausto Rosario Adames, Nuria Piera, Jean Michael Caroit, Juan Bolívar Díaz, Alicia Ortega, Miguel Guerrero, Huchi Lora, Roberto Cavada, Miguel Febles, Nancy Brito, Azize Melgen, Paola Espinal, Anyelis Isa, Altagracia Salazar, José Tejada Gómez, María Isabel Soldevila, Luis José Chávez, Jorge Pineda, José Rodríguez, Raquel Awilda González, Erick Mendoza, Francisco Álvarez…

En la actividad, los periodistas dejaron claro que someterán la denuncia de presiones e intentos de intimidación ante la  Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Reporteros sin Fronteras (RSF), la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y a la Comisión de Libertad de Expresión de la UNESCO.

A continuación, la carta íntegra que se envió a las entidades empresariales del país:

Señores Directivos de:

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)

Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH)

Los periodistas firmantes queremos compartir con ustedes nuestra preocupación por el uso de un mecanismo que atenta de manera directa contra la libertad de prensa, el libre comercio y el derecho a la libre información.

Se trata de funcionarios gubernamentales cuyas actuaciones cuestionables han sido dadas a conocer por trabajos periodísticos de investigación, y que han reaccionado tratando de silenciar a la prensa haciendo presión sobre las empresas anunciantes.

Cualquier ciudadano que se sienta difamado tiene a su alcance el recurso de una demanda por injuria y difamación, pero esa vía, que es la correcta, tiene para ellos una dificultad: si el periodista acusado demuestra en juicio que lo que publicó responde a la verdad, la demanda se cae y el demandante queda aún más evidenciado.

Ya son dos los casos en que, haciendo uso de un cuestionable malabarismo jurídico, funcionarios gubernamentales de actuaciones contrarias a la transparencia, envían actos de alguacil a las empresas anunciantes, con la amenaza de que las harán penal y civilmente responsables de las publicaciones que se difundan sobre sus hechos y conductas.

Estos funcionarios saben que una demanda contra una empresa anunciante nunca produciría un resultado legal favorable para ellos, pues la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, pone la responsabilidad de lo publicado en los hombros de los periodistas y los directivos de los medios, nunca de los anunciantes, que obviamente no tienen el control de los contenidos periodísticos. Sin embargo, ejercen la presión sobre las empresas anunciantes buscando causar un daño económico a los medios periodísticos responsables.

La víctima final de esta maniobra es el ciudadano, pues lo que se busca es que éste no pueda enterarse de las acciones cuestionables de esos servidores públicos, y para causar ese perjuicio a la sociedad, pretenden amedrentar a periodistas y a empresarios.

En el primer caso, protagonizado por el señor Héctor Rodríguez Pimentel, ex director del INDRHI y del IAD, contra la periodista Alicia Ortega, ésta elevó un recurso de amparo y la decisión judicial fue contundente: la sentencia estableció la ilegalidad de la maniobra, considerándola como un atentado contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

Del segundo caso, protagonizado por el Dr. Euclides Gutiérrez Félix, Ministro sin Cartera y Superintendente de Seguros, contra la periodista Nuria Piera, ya ha sido apoderada la justicia de un recurso de amparo.

En vista de esta situación, invitamos a todas las organizaciones empresariales del país a pronunciarse públicamente en rechazo de estos mecanismos, que pretenden crear una sociedad de silencio y opacidad, contraria a las aspiraciones de democracia y transparencia por la que ustedes vienen luchando.

Defendamos la transparencia y los principios democráticos.

Atentamente,

Adalberto Grullón, Fausto Rosario Adames, Nuria Piera, Jean Michael Caroit, Juan Bolívar Díaz, Alicia Ortega, Miguel Guerrero, Huchi Lora, Roberto Cavada, Miguel Febles, Nancy Brito, Azize Melgen, Paola Espinal, Anyelis Isa, Altagracia Salazar, José Tejada Gómez, María Isabel Soldevila, Luis José Chávez, Jorge Pineda, José Rodrígue, Raquel Awilda González, Erick Mendoza, Francisco Álvarez…