SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La auditoría que la Cámara de Cuentas practicó a la administración de Víctor Díaz Rúa, ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Leonel Fernández, señala que la gestión del funcionario mantuvo ocultas 15 cuentas de banco.
La auditoría de la Cámara de Cuentas al Ministerio de Obras Públicas abarca los años 2011 y 2012, durante la gestión de Díaz Rúa, y examina las transacciones, registros, documentos e informes del estado de ejecución presupuestaria, enfatizando en el cumplimiento de las disposiciones legales, incluyendo las normativas contables, presupuestarias y de control interno del MOP.
La investigación de los técnicos de la Cámara de Cuentas confirmó que las autoridades realizaron operaciones no transparentadas de recursos públicos a lo largo de los dos últimos años de gestión de Díaz Rúa, que violan la Ley Orgánica de Presupuesto y la de Compras y Contrataciones del Estado, entre otras normativas.
Según lo develado por la investigación de los auditores, el Ministerio de Obras Públicas dejó de reportar a la Cuenta Única del Tesoro del Gobierno Dominicano los ingresos extra presupuestarios correspondientes a los años 2011 y 2012, lo que contraviene la Ley Orgánica de Presupuesta para el Sector Público
Este informe de la Cámara de Cuentas pone de relieve los procedimientos discrecionales, arbitrarios e ilegales en el manejo de los presupuestos correspondientes al 2011 y al 2012, ya que en la experticia se detectaron 31 anomalías financieras y contables, que pusieron en riesgo la correcta y trasparente aplicación del gasto público consignado a ese ministerio.
Los auditores de la Cámara de Cuentas señalan en su informe que el Ministerio de Obras Públicas operaba irregularmente 15 cuentas bancarias, las cuales fueron ocultadas a los técnicos de ese organismo fiscalizador del uso de los dineros del Estado.
Aunque las autoridades actuales dijeron que la Tesorería Nacional había autorizado el cierre de la mayoría de estas cuentas bancarias, y que otras quedaron bajo investigación, lo cierto es que aún permanecen abiertas.
En fecha 14 de agosto de 2013, la Tesorera General, Yulissa Álvarez, comunicó a los técnicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que la Tesorería Nacional recomendó que las cuentas bancarias irregulares fueran cerradas, pero en su mayoría siguen abiertas. Se indicó que algunas no han sido cerradas porque están en proceso de embargo, pero otras continúan en operación.
Añade el documento que para cerrar las cuentas embargadas se necesita de una sentencia judicial que levante el embargo de manera definitiva.
Ingresos no depositados a la Tesorería
Según lo develado por la investigación de los auditores, el Ministerio de Obras Públicas dejó de reportar a la Cuenta Única del Tesoro del Gobierno Dominicano los ingresos extra presupuestarios correspondientes a los años 2011 y 2012, lo que contraviene la Ley Orgánica de Presupuesta para el Sector Público.
La decisión del Ministerio de Obras Públicas, de depositar en cuentas de la institución y no en la Tesorería, infringe, además, la Ley 567-05 de la Tesorería Nacional
En el 2011 el Ministerio de Obras Públicas obtuvo ingresos propios por la suma de RD$ 78.1 millones de pesos, mientras que en 2012 las recaudaciones fueron de RD$ 208 millones 909 mil 393, totalizando un monto de 287.0 millones de pesos.
La Cámara de Cuentas señala que la Ley Orgánica de Presupuesto, No, 423-06 establece en el Artículo 24 lo siguiente: “Todos los ingresos corriente y de capital, donaciones y desembolsos de préstamos en efectivo o en valores percibidos deben ser depositados en la Tesorería Nacional y para su utilización requiere de la correspondiente apropiación presupuestaria”.
La decisión del Ministerio de Obras Públicas, de depositar en cuentas de la institución y no en la Tesorería, infringe, además, la Ley 567-05 de la Tesorería Nacional que en su Artículo 8, numeral 5, establece:
“Percibir, centralizar y registrar los ingresos públicos recaudados tanto en el territorio nacional cono en el exterior”.
Este informe de auditoría financiera definitiva fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) el 9 de octubre de 2014, y atribuye responsabilidades legales, contables y financieras contra los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas encargado de ejecutar los presupuestos correspondientes al 2011 y al 2012, respectivamente.
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