ESTADOS UNIDOS.- Arron Daugherty, de INSIGHT, es el autor de la historia que relata en los Estados Unidos lo que está pasando con la falta de confianza en la justicia dominicana. El caso decidido por Alejandro Moscoso Segarra sobre enriquecimiento ilícito de Félix Bautista, llama la atención de algunos medios de comunicación, como en este caso.
La historia, con traducción de Iván Pérez Carrión, dice que la reciente exoneración de un senador acusado de malversar más de US$100 millones ha provocado protestas en la República Dominicana y una “crisis de fe” en el sistema judicial del país, de acuerdo con los líderes empresariales.
Un tribunal de República Dominicana recientemente absolvió al senador Félix Bautista, acusado de lavado de dinero y malversación de fondos por más de US$100 millones de dinero del Gobierno a través de contratos que él le aprobó a una empresa externa para el desarrollo. Un juez dictaminó que el caso debería abandonarse por falta de pruebas, una decisión que el fiscal general de la nación criticó fuertemente, cuando declaró: “La impunidad ha triunfado”.
A raíz de la sentencia, las protestas callejeras aparecieron en numerosas ciudades y pueblos, los grupos religiosos han denunciado la decisión, y el Consejo Nacional de Empresas de la nación (CONEP) cuestionó la capacidad del poder judicial para hacer su trabajo.
“No puede haber confianza en las instituciones y el Estado mismo, si no hay confianza en la independencia del poder judicial”, dijo un comunicado de prensa del CONEP.
Bautista ha sido blanco de acusaciones similares antes. En 2012, el senador fue acusado de sobornar al presidente de Haití, Michel Martelly para asegurar contratos de trabajo y en la actualidad está siendo investigado en Perú por las posibles contribuciones ilegales de campaña al expresidente peruano Alejandro Toledo.
Tras la absolución de Bautista, la Procuraduría General de la República Dominicana dijo que apelará la decisión del tribunal.
Las acusaciones de corrupción generalizada y el alto nivel de participación de la élite política de República Dominicana no es nada nuevo. En febrero, el traficante de drogas convicto Quirino Paulino Castillo afirmó haber financiado la campaña del aliado de Bautista y expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Ese mes también hubo protestas ‒organizadas por la oposición política‒ contra un alcalde acusado de malversación de millones de dólares del dinero público.
Las fuerzas de seguridad en el país también han sido reiteradamente relacionadas con la actividad delictiva. Un fiscal de alto nivel afirmó recientemente que la policía y los militares están implicados en el 90 por ciento de los casos de delincuencia organizada del país.
Si la indignación que la exoneración de Bautista provocó en algunos sectores de la República Dominicana dará lugar a una mayor crisis política aún está por verse. Es posible que haya más revelaciones sobre presuntos negocios políticos sucios ‒y sobre la incapacidad del poder judicial para examinar estos de manera independiente y eficiente‒ en las próximas semanas.
Una acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicada recientemente contra el senador de Nueva Jersey Robert Menéndez incluye una declaración de que el exjefe de Aduanas del país (República Dominicana) ‒también un aliado de Fernández y un corredor político de gran potencia en República Dominicana – es “muy corrupto”.