Juez peruano rechaza recurso de Toledo para anular orden de captura
Lima, Perú (EFE).- El juez peruano Richard Concepción rechazó el recurso presentado por el abogado del expresidente de Perú Alejandro Toledo para revocar la orden de detención dictada en su contra por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Concepción, titular de la primera sala de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, declaró inadmisible la apelación al argumentar que el recurso no cumplió con la documentación jurídica correspondiente.
La apelación presentada por el abogado de Toledo, Heriberto Benítez, buscaba que el juez se retractara de la orden dictada el pasado jueves, en la que pedía encarcelar al expresidente por 18 meses de manera preliminar mientras la Fiscalía continúa su investigación.
El letrado pretendía que, a cambio, el magistrado le impusiera una comparecencia simple para continuar las siguientes instancias del proceso, o en su defecto, un arresto domiciliario.
Benítez anunció a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que interpondrá un recurso de queja para que una sala superior se pronuncie sobre la decisión ratificada por el juez Concepción.
"Y si la queja no la aceptan, presentaremos un recurso de hábeas corpus", dijo Benítez, un excongresista que ha sido vinculado a dos redes de corrupción investigadas por la Justicia peruana en los últimos años.
El letrado afirmó que el magistrado "viola la constitución y atropella los derechos fundamentales" de su defendido al impedir que afronte las acusaciones en libertad.
"Ha dejado de ser juez y se ha vuelto un verdugo. Creo que quieren linchar a Toledo y meterlo en la cárcel sin escucharlo, y sin respetar su derecho a la defensa y al debido proceso", concluyó.
Toledo, sobre quien actualmente pesa una orden de captura internacional, se mantiene en paradero desconocido, aunque supuestamente aún permanece en Estados Unidos, donde reside habitualmente.
La Fiscalía de Perú imputa a Toledo los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por supuestamente haber recibido sobornos por valor de 20 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde el océano hasta Brasil.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, cuyos responsables confesaron a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre los años 2005 y 2014, período que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).EFE
México realiza "minucioso análisis" de contratos entre Pemex y Odebrecht
México (EFE).- El Gobierno de México realiza un "minucioso análisis" de todos los contratos celebrados entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la firma brasileña Odebrecht, implicada en un escándalo internacional de corrupción, informó la empresa estatal mexicana.
Pemex indicó en un comunicado que, con respecto a las investigaciones en torno a Odebrecht, "reafirma su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, actuando con la mayor prontitud y apego a la legalidad".
"Para la administración de Petróleos Mexicanos la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son valores fundamentales", aseveró.
Refirió que el 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la sanción impuesta a la empresa brasileña por actos de corrupción en diversos países.
Añadió que en dicho comunicado se señala que la empresa brasileña sobornó a funcionarios del Gobierno mexicano por un monto 10,5 millones de dólares, añadiendo que de ese monto seis millones fueron para un alto funcionario de una empresa controlada por el Estado.
Derivado de ello, expuso la petrolera, "la Unidad de Responsabilidades en Pemex, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, inició investigación para determinar si el soborno fue realizado a funcionarios de esta empresa productiva del Estado y en su caso sancionar a los responsables".
"Por ello, la Unidad de Responsabilidades realiza un minucioso análisis de todos los contratos celebrados entre Pemex y Odebrecht y sus filiales. Dicha investigación se encuentra en curso", agregó.
Señaló que el 25 de enero pasado presentó a su vez una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) en contra de quien resulte responsable por posibles actos delictivos.
"Petróleos Mexicanos colabora tanto con la Unidad de Responsabilidades como con la Procuraduría General de la República en el esclarecimiento de los hechos, para que se sancionen a los responsables y se reparen los daños ocasionados", indicó Pemex, y añadió que irá comunicando los avances de las investigaciones conforme las autoridades lo vayan autorizando.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora brasileña había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido el propio Brasil. EFE
Miles reclaman castigo en caso Odebrecht
Más de 2.000 personas marcharon por el centro de Lima para protestar contra el caso de corrupción de Odebrecht, cuyos responsables confesaron haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.
La movilización fue convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, para exigir justicia y expresar su descontento contra los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), en cuyos períodos se dieron los sobornos.
Los manifestantes exhibieron pancartas contra la mayoría de líderes políticos del país con la intención de que la Fiscalía investigue el caso hasta las últimas consecuencias.
En la marcha participaron integrantes del Frente Amplio de izquierdas, entre ellas su líder y excandidata presidencial en las últimas elecciones, Verónika Mendoza.
También marchó el excandidato presidencial Gregorio Santos, electo gobernador de la norteña región Cajamarca, e investigado por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, colusión en agravio del Estado y asociación ilícita para delinquir en agravio de la sociedad.
La manifestación también fue secundada por numerosas organizaciones sociales y colectivos sociales como "No a Keiko", plataforma organizadora de multitudinarias movilizaciones en las pasadas elecciones contra la candidata de Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori.
La marcha recorrió las principales avenidas del centro histórico de Lima, desde la Plaza 2 de Mayo, hasta llegar al Palacio de Justicia, donde los líderes de la GGTP se reunieron con algunos representantes del Poder Judicial para solicitarles que se investigue a fondo el caso Odebrecht.
El juez supremo Héctor Lama afirmó durante el encuentro que "la corrupción es un ácido que disuelve las bases de la moral de un país".
Hasta ahora Toledo es la mayor figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, al tener una orden de captura internacional en su contra por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos a cambio de favorecer a esa empresa en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur.
Además, hay detenidas cuatro personas, entre ellas el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, por haberse beneficiado de las dádivas de Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, adjudicada en 2009, durante el segundo Gobierno de Alan García.
Las autoridades peruanas también iniciaron una investigación recientemente para averiguar la implicación esposa de Humala, Nadine Heredia, en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano. EFE