Expresidente dominicano Hipólito Mejía rechaza que Odebrecht corrompiera su Gobierno
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- El expresidente dominicano Hipólito Mejía (2000-2004) dijo la noche de este lunes que está dispuesto a retirarse de la vida política y entregar su patrimonio al Estado, si alguien prueba que haya cometido algún acto de corrupción en sus funciones públicas o en sus actividades empresariales.
Mejía formuló su reto al final del discurso que dirigió al país, para fijar su posición en torno a lo revelado por la constructora brasileña Odebrecht, de que pagó 92 millones de dólares en sobornos en esta nación para adjudicarse licitaciones de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
"Reto a cualquier persona, que si puede demostrar de manera cierta y veraz, que en el ejercicio de mis funciones públicas o en mis actividades privadas, tanto mi esposa, mi hermana y mis hijos, como yo, cometimos algún acto de corrupción, estaría en disposición de retirarme de la vida política y entregar mi patrimonio al Estado", expuso el exjefe de Estado.
En su alocución, Mejía defendió la forma en su Gobierno manejó dos proyectos de construcción en los que estuvo involucrada Odebrecht, al tiempo de asegurar que los gobiernos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se ha "dilapidado" una parte importante del patrimonio público.
"Esos actos de corrupción han sido cubiertos por un manto de impunidad, mediante el control de la justicia, para asegurar el blindaje a los funcionarios corruptos", dijo.
De acuerdo a Mejía, los primeros actos de supuesta corrupción cometida por el PLD se produjeron durante el Gobierno del expresidente dominicano Leonel Fernández (1996-2000), con la privatización del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).
"En el país hay un largo rosario de casos de corrupción que han sido soslayados para proteger a funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que han cometido actos dolosos", afirmó.
En cuanto a los proyectos de Odebrecht durante su administración, el exgobernante detalló que uno de ellos fue un acueducto cuyo contrato ejecutó el primer Gobierno de Fernández y que él le tocó iniciar y dejar bastante avanzado, aunque no lo inauguró.
La segunda obra fue una hidroeléctrica que negoció con Odebrecht, pero que no inició porque en esos momentos estaba en campaña electoral y no le pareció prudente acometerla en medio de ese proceso.
El exmandatario dijo, además, "que doy todo mi apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país".
Mejía sustituyó a Fernández en 2000 y perdió la reelección ante este en 2004. Fernández gobernó hasta 2012, cuando entregó el poder al presidente dominicano, Danilo Medina, quien derrotó a Mejía en las urnas y se reeligió en mayo pasado.
Al final de su discurso, el expresidente insinuó que su postura de enfrentar la corrupción fue la causa que le impidió regresar al poder en 2012, debido a su posición "intransigente" contra ese flagelo, "y mi actitud de no hacer concesiones a quienes perseguían un pacto de impunidad".
El viernes pasado un juez dominicano declaró como "inadmisible" un acuerdo que alcanzaron la Procuraduría General de la República y Odebrecht, mediante el cual la constructora accedía a devolver al país 184 millones de dólares, el doble de lo que reveló pagó en sobornos.
Tres días después, el presidente Medina dijo en su rendición de cuentas desde la Asamblea Nacional, que todo aquel involucrado en el esquema de corrupción de la transnacional brasileña será sometido a la Justicia, al asegurar que en su Gobierno no hay "vacas sagradas", y que confiaba en que las investigaciones sobre el caso llegarían "hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga".EFE
Expresidente mexicano Felipe Calderón niega diera "ventajas indebidas" a Odebrecht
México (EFE).- El expresidente mexicano Felipe Calderón negó haber dado "ventajas indebidas" a la constructora brasileña Odebrecht a raíz de reuniones celebradas durante su mandato con Luiz Inácio Lula da Silva y directivos de esa empresa, luego de que una investigación de una ONG lo relacionara con presuntos actos de corrupción.
"Hago votos para que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) pueda profundizar en la investigación y revelar lo ocurrido en nuestro país, y de ser el caso, se finquen las responsabilidades correspondientes", señaló Calderón en una carta dirigida a la ONG y remitida hoy a Efe por su equipo.
El pasado diciembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, donde es investigada desde hace más de dos años en el marco de los desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
En México, las mordidas a los funcionarios sumarían unos 10,5 millones de dólares, y Odebrecht logró más de 39 millones de dólares de beneficios con los contratos que aseguró como consecuencia de ellas.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno mexicano anunciaron a fines de 2016 el inicio de un "minucioso análisis" para deslindar responsabilidades, que hoy sigue su curso tal y como confirmó la empresa estatal a Efe.
La investigación de MCCI, encabezada por Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, denuncia que durante la gestión de Calderón (2006-2012), ejecutivos de Odebrecht gestionaron al menos una reunión entre los entonces presidentes de México y Brasil.
"Esta prueba ha sido considerada relevante por el juez brasileño Sergio Moro en una línea de investigación contra Lula por presuntamente haberse prestado a los intereses de Odebrecht", señala el documento.
La investigación de la ONG arranca con un correo enviado por Roberto Prisco Ramos, entonces director de Braskem, la filial de Odebrecht que estaba por cerrar un millonario negocio por una planta en el oriental estado de Veracruz.
Prisco fue detenido preventivamente por la Policía de Brasil, pero después fue dejado en libertad.
En el mensaje, que envió al ejecutivo Alexandrino Alencar -acusado de ser el responsable de sobornos en el extranjero- exhortaba a "hacer un esfuerzo para que LILS (Lula) acepte una invitación especial de Calderón de ir a México a principios de febrero", señaló.
Según el reporte de la ONG, los correos electrónicos fueron elemento de prueba para sentenciar al exdueño de la firma, Marcelo Odebrecht.
"Este consorcio ganó contratos en Pemex derivados de cuatro grandes obras por más de 2.000 millones de dólares y no sólo por 39 millones de dólares como lo han declarado sus ejecutivos, justo durante la época (2010-2014) en que entregaron 10,5 millones de dólares a funcionarios en México", apunta el documento de MCCI.
El 23 de febrero de 2010, dos meses y medio después del correo, Calderón y Lula se reunieron en privado, y en un comunicado conjunto se congratularon por la inversión de 2.500 millones de dólares de la mexicana Idesa y Braskem en Etileno XXI, el complejo petroquímico más grande de América Latina, que se inauguró el pasado año.
A esta reunión siguieron varios encuentros de Calderón con altos directivos de Odebrecht, todos ellos recogidos por la Presidencia y con fotos.
"En ningún caso, las reuniones con el presidente de Brasil o los inversionistas implicaron acuerdos al margen de la ley o que les confiriesen ventajas indebidas a estos (…). La sola insinuación de soborno hubiera sido absolutamente inaceptable", señaló Calderón en la misiva.
La oficina de Calderón explicó en una nota que esos encuentros se realizaron "en el marco del esfuerzo de promoción de inversiones", y recordó que hubo más reuniones con directivos de otras firmas como Pepsico, Coca Cola o Ternium.
Además, se quejó de la forma en que está planteada la investigación, ya que "busca sembrar dudas sobre la posible participación del expresidente Calderón en actos de corrupción o fuera de la ley", lo que negó "categóricamente".
El exmandatario, quien dijo haberse enterado del "penoso caso de Odebrecht" por los medios, respondió además a un cuestionario de 18 preguntas enviado por la organización civil sobre este caso, que aparece publicado en el portal web de MCCI. EFE
Abogado de expresidente peruano Toledo presenta hábeas corpus a orden captura por caso Odebrecht
Lima, Perú (EFE).- El abogado del expresidente de Perú Alejandro Toledo, Heriberto Benítez, presentó este lunes un hábeas corpus para anular la orden captura contra el exmandatario y su posterior ingreso en prisión preliminar por 18 meses por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Benítez afirmó a medios locales que Toledo, quien aparentemente se encuentra en Estados Unidos, donde tiene su residencia habitual, volverá a Perú si se cancela la orden de prisión preventiva para afrontar el proceso con comparecencias simples.
El hábeas corpus fue presentado en la Corte Superior de Justicia de Lima y esta lo derivó al 41 Juzgado Penal de Lima, que tendrá un plazo de 24 horas para emitir un fallo.
El letrado, un excongresista que ha sido vinculado a dos redes de corrupción investigadas por la Justicia peruana en los últimos años, afirmó que interpuso el hábeas corpus con la connivencia de Toledo después de que el recurso de queja inicial presentado fuera desestimado.
El juez Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fue quien emitió la orden de detención porque Toledo no tiene arraigo en el país y no hay garantías de que se someta al proceso de manera voluntaria.
A Toledo la Fiscalía le imputa los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht por valor de 20 millones de dólares a cambio de favorecer a la compañía en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur.
Las autoridades peruanas están a la espera de que Estados Unidos proceda con la detención de Toledo para iniciar un proceso de extradición.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, empresa que admitió a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.
Ese período contempla los mandatos presidenciales de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). EFE
Procuraduría pide investigar a Alan García y a Kuczynski en caso Odebrecht
Lima, Perú (EFE).- La Procuraduría anticorrupción de Perú dio este lunes nuevos pasos en las pesquisas del escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht al pedir a la Fiscalía que investigue al expresidente Alan García y al actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, por presuntas irregularidades.
La procuradora (abogada del Estado) ad hoc para el caso Odebrecht, Katherine Ampuero, confirmó hoy en una rueda de prensa la denuncia contra Alan García por el presunto delito contra la administración pública, a raíz de los sobornos recibidos por exfuncionarios de su segundo Gobierno (2006-2011) para la construcción de dos tramos de la Línea 1 del Metro de Lima.
"Hemos formulado una denuncia por delitos contra la administración pública porque hemos recabado suficientes elementos de convicción que sustentan se abra una investigación", afirmó Ampuero.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Coordinadora de las Fiscalías Especializadas de Corrupción de Funcionarios incluye al exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y al exdirector ejecutivo del proyecto del Metro de Lima Oswaldo Plasencia.
Precisamente, los primeros detenidos por los sobornos de Odebrecht en Perú fueron el viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, el exfuncionario Miguel Navarro y el expresidente del comité de licitación Edwin Luyo por la presunta recepción de 7 millones de dólares en sobornos para la ejecución de la Línea 1 del metro.
Asimismo, la procuradora ad hoc solicitó al fiscal, Pablo Sánchez, que se abra "una investigación preliminar por supuestas operaciones sospechosas y aportes de la empresa Odebrecht Latinvest Perú a favor de la empresa Latin America Enterprise, la cual estaría vinculada al señor presidente".
El pedido para investigar a Kuczynski se basa, según adelantó el fin de semana el diario Correo, en una Nota de Inteligencia en la que aparece el nombre del mandatario entre 69 personas con operaciones sospechosas en sus cuentas bancarias y un reportaje periodístico donde se afirma que hubo depósitos a la firma Latin America Enterprise.
Asimismo, Ampuero adjuntó, según el diario, el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que encontró aportes de Odebrecht durante la campaña electoral del año pasado a diversos candidatos, entre los que estaría Kuczynski.
Tras la rueda de prensa, el expresidnete García reaccionó desde España, a través de su cuenta en Twitter, pidiendo que "investiguen lo que quieran. Así quedará claro que otros presidentes cobraron pero Alan García no".
El exmandatario vive en España desde el año pasado y hace unas semanas estuvo en Lima para responder a un interrogatorio de la Fiscalía sobre el contrato firmado con Odebrecht para la construcción del Gasoducto Sur Peruano adjudicado en el Gobierno de su sucesor, Ollanta Humala, en 2014.
El expresidente del partido Aprista escribió además que está "dispuesto a toda investigación y a concurrir a cualquier citación".
Su exministro Cornejo respondió, también por Twitter, que "como he dicho. No tengo nada que ver con actos de corrupción. Colaboraré con todas las instituciones que investiguen. Pero no me utilicen".
La Contraloría de la República (tribunal de cuentas) detectó que la Línea 1 del Metro de Lima tuvo un perjuicio para el Estado de 109 millones de dólares.
Por su parte, el Gobierno peruano rechazó el pedido de la Procuraduría por estar basado en reportes periodísticos y sugirió que haga correcciones en su actuación.
"Somos abogados del Estado, no del Gobierno de turno, que quede claro que se hace en estricto cumplimiento de nuestra labor", subrayó Ampuero.
Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que entregó 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 en Perú para adjudicarse obras públicas, en un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Toledo tiene una orden de detención por presuntamente recibir una coima de 20 millones de dólares para la construcción de la carretera Interoceánica sur, mientras que Humala y su esposa Nadine Heredia son investigados por presuntos aportes a su campaña electoral en 2011.EFE
Fiscalía de Colombia reitera y confirma que Odebrecht asumió gastos de campañas de Santos y Zuluaga
Bogotá, Colombia (EFE/Gonzalo Domínguez Loeda).- La Fiscalía colombiana confirmó la tarde de este lunes que tiene pruebas que demuestran que la empresa brasileña Odebrecht asumió los gastos de las campañas del presidente Juan Manuel Santos y de su opositor Óscar Iván Zuluaga en 2014.
El anuncio lo hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una declaración ante periodistas en la que confirmó que las pruebas con las que cuenta el ente investigador muestran que la constructora brasileña asumió gastos de las campañas de los dos candidatos.
Según esas evidencias, Odebrecht asumió un pago a favor del publicista brasileño Duda Mendonça de 1,6 millones de dólares "correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña 'Mano Firme, Corazón Grande'" de Zuluaga.
El fiscal aclaró que la constructora también "sirvió de puente" para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña de Zuluaga, del partido uribista Centro Democrático, y Mendonça, que fue celebrada a mediados de febrero de 2014 en Sao Paulo y coordinada por el director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina, Marcio Polidoro.
Esa información ya fue adelantada por medios brasileños y sobrevolaba la investigación, pero con el anuncio hecho por el fiscal toma forma.
Odebrecht también cruzó la calle para dirigirse a la campaña del presidente Juan Manuel Santos, entonces candidato a la reelección.
Según detalló Martínez, la entidad que dirige ha podido verificar que Odebrecht firmó un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por un millón de dólares para llevar a cabo una encuesta de opinión "con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos".
El objetivo, siempre según la versión facilitada por el fiscal, era "viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol 2, que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares".
"Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía en estas materias le permiten afirmar razonadamente que esta información coincide con la documentación que reposa en las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de Brasil contra Odebrecht y sus directivos, a nivel mundial, y que serán dadas a conocer al público el próximo 1 de junio", subrayó el fiscal.
A ese caso se suma una denuncia que hizo el exsenador Otto Bula, detenido por los sobornos de Odebrecht, que en una declaración ante la Fiscalía explicó que de los 4,6 millones de dólares que recibió como coimas, un millón de dólares tenía como destino a Roberto Prieto, gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014.
En su declaración de hoy, Martínez subrayó que la fiscal de conocimiento decidió que "llamará a diligencias a Roberto Prieto".
El balance que realizó el fiscal también deparó otra sorpresa al anunciar que el ente acusador ha abierto una indagación preliminar tras la denuncia presentada contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, por su eventual interés en la celebración de un Otrosí en la construcción del Tramo II de la Ruta del Sol.
La denuncia fue impuesta por el opositor Centro Democrático contra las exministras de Transporte, Cecilia Álvarez Correa (2012-2014), y de Educación, Gina Parody (2014-2016), quienes son pareja, por el delito de tráfico de influencias.
Ese proceso comenzó después de que el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) asegurara que la familia de Gina Parody tiene intereses en el Tramo II de la Ruta del Sol toda vez que construye un puerto en esa zona.
Martínez también anunció que la Fiscalía decidió imputar por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a los empresarios y hermanos Enrique Jose y Eduardo Assad Ghisays Manzur, también vinculados al caso de la Ruta del Sol II.
También anunció que otro de los detenidos junto a Bula, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, está colaborando como testigo en el caso.
Asimismo pidió que se investigue al exsenador Plinio Olano y llamó a interrogatorio a los exconsejeros presidenciales Miguel Peñaloza y Mateo Restrepo.
La Fiscalía también ha capturado por el caso Odebrecht al contratista Andrés Cardona por su presunta participación en la celebración irregular y ejecución de un contrato para obras del río Bogotá.
Las investigaciones en Colombia sobre la red de sobornos de Odebrecht se han centrado en los contratos obtenidos para la construcción de la autopista Ruta del Sol II, de cerca de 600 kilómetros, que comunica al centro con el norte del país, así como en las obras de mejora de la navegabilidad del río Magdalena.
El caso del consorcio Tunjuelo-Canoas también es investigado por la Procuraduría General de Colombia, cuyo titular, Fernando Carrillo, anunció el pasado 26 de enero que se indaga la actuación de diferentes funcionarios o exfuncionarios que intervinieron en la celebración de los contratos. EFE
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia: "Odebrecht no ha tenido trato preferencial"
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia afirmó que la constructora brasileña Odebrecht no ha recibido tratamiento preferencial de su parte, en la adición de obras para la Ruta del Sol 2, ni en las reclamaciones que ha hecho contra el Estado, y tampoco en la adjudicación de contratos.
"La firma Odebrecht no ha recibido trato preferencial alguno por parte de la ANI, ni en lo relacionado con la adición de la vía Ocaña-Gamarra, ni en las reclamaciones que ha hecho contra el Estado vía Tribunal de Arbitramento y mucho menos en términos de adjudicaciones contractuales de concesiones de infraestructura", señaló la ANI en un comunicado.
En el caso de la Ruta del sol 2, la ANI señaló que hizo seguimiento al contrato de la concesión y protegió el interés público. Explicó también que las reclamaciones por sobre costos que presentó la concesionaria no fueron aceptadas.
Por este hecho la concesionaria demandó a la ANI por más de 700 mil millones de pesos (unos 235 millones de dólares) ante el Tribunal de Arbitramento.
La ANI aclaró también que la adición de la concesión Ruta del Sol sector 2, del tramo Ocaña-Gamarra es una decisión estratégica y buena para el Estado colombiano.
"Los parámetros de la negociación de esta adición fueron todos más favorables a la Nación que los del contrato original de Ruta del Sol Sector 2, firmado en 2009″, agrega el comunicado.
La Agencia de Infraestructura dijo además que la adición se hizo para aprovechar el tráfico y peajes de la Ruta del Sol.
"El tramo Ocaña-Gamarra era parte de los ejes estratégicos desde los años 90 para el gobierno nacional. No era el que quería el concesionario. Es el que le sirve al país", aseguró la ANI.
De igual manera, manifestó que a Odebrecht no le ha ido bien en las licitaciones con ese organismo.
"Odebrecht no obtuvo ninguna adjudicación en licitaciones 4G. Se abrieron 30 procesos de licitación de Autopistas 4G, con participación de más de 97 empresas (nacionales y extranjeras). Odebrecht precalificó en 15 proyectos de 4G, pero no presentó ninguna propuesta", comentó la ANI.
Precisamente hoy el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, anunció la imputación de cargos en contra de los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, dueños de la firma Lurion de Panamá, acusados de lavar el dinero producto del soborno que pagó Odebrecht para que les adjudicaran las obras de la Ruta del Sol II. EFE