SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró este martes que la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones tiene limitaciones para la institución poder abordar las violaciones y las inconductas vinculadas a las contrataciones del Estado.
Al referirse a la resolución que emitió a principios de este mes, en torno a los contratos de prestación de servicios de 54 artistas por parte del Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) para las fiestas navideñas del 2020, por unos RD$ 55.6 millones, el funcionario resaltó que la entidad hizo lo correcto al sugerir identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar la contratación.
“Hemos emitido esa resolución, y en los actuales momentos no tenemos información con relación a la decisión que la entidad debe de tomar y que están establecidas en esa resolución”, señaló.
Explicó que en dicha resolución no solo incluye esa sugerencia, sino que se suspendió la entrega de esos cien millones de pesos. “Se paró la entrega y por eso solo se entregaron 52 millones”, dijo.
Pimentel dijo también que el Gabinete de Políticas Sociales debe informar sobre el proceso de lesividad que debe seguir en el Tribunal Superior Administrativo.
“La entidad debe imponer sanciones. Al Ministerio Administrativo de la Presidencia también se le ordena que, cuando entrega fondos públicos, debe establecer de manera muy clara que éstos se deben utilizar de acuerdo a las disposiciones normativas. La resolución tiene todas las violaciones y recomendaciones”, afirmó.
Aseguró, además, que se le envió la decisión a los órganos de control, como la Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas y a la Dirección de Ética Gubernamental, y otros entes del Estado para que estén informados de esa decisión.
“Por esa razón y por otras estamos presentando un anteproyecto para fortalecer el sistema de consecuencias”, explicó Pimentel, al referirse al Anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas, presentado este martes con el objetivo de modernizar el marco regulatorio que fortalezca la transparencia, los controles y la eficiencia en dicha materia.
De acuerdo a la entidad, también se busca convertir las contrataciones públicas en una herramienta para el desarrollo sostenible.
“Desde el inicio de la gestión nos comprometimos a fortalecer nuestro sistema de contrataciones y este es el resultado de meses de trabajo para lograr esa meta. Con esta propuesta queremos que la nueva Ley atienda a los aspectos vinculados a la transparencia y los controles, pero que también sea una normativa que pueda abrir el mercado público y potenciar la participación diversa y amplia de los distintos proveedores del Estado”, dijo Pimentel.