SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) condenó que el viejo modelo penitenciario sea sinónimo de lo que es un cementerio de hombres vivos por las condiciones en las que viven los privados de libertad.
Indica que este modelo está concebido como un mercado donde todo se vende y se compra y por mas denuncias que se hagan las condiciones siguen siendo las mismas o peores.
En un informe sobre las violaciones de derechos humanos y fundamentales en el sistema penitenciario dominicano con especial énfasis en la prisión preventiva, señaló que es en las instalaciones del viejo modelo donde se registran las situaciones más preocupantes por lo que tiene que ver con el hacinamiento, corrupción y graves violaciones de derechos humanos y fundamentales.
“En esos centros falta de todo, espacio físico, alimentación, atención médica, medicamentos, agua, higiene”, subrayó.
Denunció que de 28 mil privados de libertad que existen en la actualidad, un total de 10 mil se encuentra en el Nuevo Modelo y el restante 18 mil en el viejo modelo. Dicha cantidad sobrepasa el límite de capacidad de las cárceles del país con cabida para 15 mil personas.
Resaltó el hecho de que de esos 28 mil presos el 60 % corresponde a personas que cumplen prisión preventiva como medida cautelar.
Penitenciaría Nacional La Victoria
De acuerdo con el informe el centro de La Victoria ha sido objeto de varios informes y denuncias. Es el centro de detención más grande del país y alberga alrededor de 8 mil privados de libertad, casi el 30% del total, cuando está construido con capacidad para 2 mil personas.
“Eso lleva a que los internos se encuentren en condiciones inhumanas donde deben hacer turnos hasta para dormir en el suelo porque los espacios son insuficientes. Los que más pueden en términos económicos pueden pagar para dormir en una cama donde hay tarifas que van desde los 5 mil hasta los 300 mil pesos”, dice.
Denunció que a más de 500 internos de estos 8 mil, aún no se le ha conocido la revisión de oficio de sus medidas cautelares a causa de una deficiencia crónica del sistema de justicia que se configura en una franca violación al Código Procesal Penal y a la propia Constitución dominicana.
Además, hay un total de 2 mil internos que se encuentran recluidos aun habiendo cumplido su condena desde varias semanas y en algunos casos meses, y eso por lentitud en los trámites burocráticos.
Detalla que hay actividades comerciales dentro de la cárcel que terminan convirtiéndose en una explotación económica hacia los internos a causa de los precios extremadamente caros con los que se venden bienes de primera necesidad y expendio de comida. Por ejemplo, una botellita de agua que fuera del complejo se vende a 10 pesos, en el centro se vende a 50.
Preocupó que la situación de salud ya que en ese gran hacinamiento se encuentran enfermos de tuberculosis y otras enfermedades.
Afirmó que hay más de mil internos los cuales deben una mínima garantía económica que no pueden pagar y por eso siguen detenidos. Se dan situaciones de corrupción entre los indica por lo que hay acceso de alcohol y drogas al interno de los centros, realidad que nunca se ha podido erradicar.
Kilómetro 15 de Azua
El día 17 del mes de marzo del presente año 2021, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Filial Azua, R. D. rindió el primer informe sobre la situación encontrada en el transcurso de un mes de haber instalado la oficina para observatorio de los derechos humanos dentro del penal del Km. 15 de Azua.
A casi dos meses de dicho informe la Comisión decidió plantear situaciones mediante un segundo informe respecto a las condiciones del mismo, después de haber conversado con más de doscientos internos de los 497 existentes al día de hoy.
Las denuncias por malos tratos inhumanos y degradantes por parte de los encargados de disciplina, han sido reiteradas en este segundo informe, esta ocasión acusan al señor apodado Blanco, apuntado por dos internos de haberlos maltratado a palos en diferentes partes del cuerpo, asegurando el ultimo que fue encañonado con una pistola Tauro por parte del encargado de disciplina, de los cual pudimos obtener entrevista de todos los involucrados y fotos como evidencia de los golpes recibidos.
Otra situación es que además de estar privados de libertad, los internos para tener derecho a una cama deben pagar, desde RD$15,000 hasta RD$100,000.00 pesos, de lo contrario deben dormir en el piso.
Señaló que los presos que no pueden hablar con el Alcaide ya que este no tiene contacto directo con ellos, sino que es a través del encargado de disciplina y que este tramita las solicitudes si quiere.
Consultados los empleados encargados de dicho penal, aseguraron que tienen impedido entrar al recinto, ni siquiera pueden pararse en la puerta debido a que se lo impide las autoridades de seguridad de dicho centro.
Denunció además que por falta de vehículos, varios internos no han podido ser llevados a sus audiencias y los permisos para visitar centros hospitalarios no son despachadas con la urgencia que ameritan los diferentes casos.
La Comisión planteó que los encargados de requerir dichos permisos contestaron que a pesar de que solicitan dichos permisos en “tiempo record”, el trámite en Santo Domingo es muy lento.
Preventiva de la Ciudad de Higüey
La preventiva de la ciudad de Higüey, en la provincia de la Altagracia, es conocida como centro de la Colón o también como la “preventiva del diablo”. No se trata de un centro, sino de un pequeño cuartel de apenas tres celdas donde se encuentran los presos en espera de juicio.
Debería albergar a 150 personas, pero en la actualidad viven ahí más de 500 en hacinamiento y condiciones sanitarias terribles. La comida que llega a diario a esta cárcel no da ni para la mitad de los internos. Hasta el mes pasado los presos que ahí estaban en espera de un juicio eran más de 600.
Hay privados de libertad en este cuartel que se encuentran allá desde más de dos años en espera de juicio. Como el caso de un interno condenado a tres meses y al pago de una fianza de 15 mil pesos por haber sustraído dos televisores de una vivienda privada.
El hecho de no tener con que pagar la fianza es la razón por la cual se encuentra en la preventiva desde hace dos años, a pesar de haber se ofrecido para realizar algún trabajo de mano de obra en las instalaciones de la fiscalía para poder pagarla.
La situación en la que se encuentran es agravada por la corrupción y la extorsión de parte de los prebostes (presos con roles de guardianes y supervisores de los demás) hacia los demás presos y sus familiares.
De acuerdo con el informe a los familiares de los detenidos y a los mismos detenidos se les pide dinero para todo: para que puedan dormir más cómodos, para las visitas, hasta para ir al baño.
Las sumas que se exigen van desde 2 mil hasta 5 mil pesos. La Comisión asegura que este dinero es repartido entre los prebostes y los policías que administran los centros.
Hay denuncias de que también algunos fiscales se benefician de esta corrupción.