SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Marcha Verde advirtió hoy desde el barrio Capotillo que las plantas a carbón de Punta Catalina forman parte del cuerpo del delito de las operaciones ilegales de Odebrecht y sus aliados políticos y gubernamentales en República Dominicana.
En el marco de la primera Jornada Popular por el Fin de la Impunidad, el movimiento aseguró que la adjudicación a Odebrecht del contrato de Punta Catalina por parte del gobierno del presidente Danilo Medina debe investigarse penalmente tomando en cuenta el patrón internacional de corrupción de la constructora; la denuncia de sobrevaluación de otras empresas que participaron del concurso de licitación; el señalamiento de soborno congresual para la reelección presentado por la entonces diputada Minou Tavárez Mirabal; y las recientes advertencias sobre irregularidades penales del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, miembro de la comisión testimonial conformada sin ningún criterio judicial por Medina, en su condición de presidente y sospechoso del caso.
“Esta semana el país espera los nombres de todos los sobornados por Odebrecht, desde el 2001 hasta el 2014. Pero también estamos a la espera de que se investiguen todas las sobrevaluaciones y el posible financiamiento ilegal de campañas electorales dominicanas por parte de la empresa mafiosa”, destacó la agrupación antes de que decenas de sus integrantes recorrieran las calles y callejones de Capotillo para promover la lucha por el fin de la impunidad.
Capotillo exige recuperar dinero para enfrentar pobreza
Los dirigentes populares y de la Marcha Verde en Capotillo propusieron que, después de procesar a los responsables, la Justicia dominicana recupere los US$92 millones pagados en sobornos y los más de US$1,000 millones robados a través de sobrevaluaciones por Odebrecht para que sean invertidos en la mejora de los servicios básicos en los barrios y campos más pobres del país.
Los comunitarios de Capotillo aseguran que con sólo una mínima parte de estos recursos el Gobierno podría construir las dos estancias infantiles, la escuela, el polideportivo, la calle de El Túnel, y otras obras de primera importancia reclamadas hace años por la población del sector capitalino.
Explicaron que los barrios y campos están llenos de pobreza y exclusión porque un grupo de la delincuencia política instalada en el Estado se concentra en robarse el dinero que el país necesita para resolver la histórica deuda social de salud, educación, seguridad, empleo, recreación y deporte.
“La Marcha Verde está entrando en los sectores populares porque la gente pobre es la más afectada por la corrupción y la impunidad. Solamente rompiendo con la estructura de corrupción e impunidad que nos oprime podremos dedicar los recursos del Estado a la solución de nuestros grandes problemas”, indicaron los dirigentes en su documento oficial.
Las jornadas populares por el fin de la impunidad se extenderán por los principales barrios y zonas rurales de República Dominicana. En la próxima semana el colectivo dará a conocer los sectores que continuarán el proceso en el Distrito Nacional y el resto de las provincias.