SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Este miércoles a las 4 de la tarde perimió el plazo adicional de 30 días dado por la Cámara de Cuentas a aquellos servidores públicos que asumieron o fueron relevados desde agosto pasado, y a los encargados de compras de las instituciones, para que entreguen su declaración jurada de bienes.
Según informó la Cámara de Cuentas, hasta las 9:00 de la mañana de hoy solo habían completado este trámite 19 funcionarios, de un total de 110 que estaban obligados a hacerlo, en virtud de la Ley 311-14, que entró en vigor a partir del 8 de agosto. “A las 9:00 A.M. de hoy, tenemos 19 declaraciones juradas de funcionarios que por mandato de la ley tenían que hacerlo, de un universo aproximado de 110 (…) para esos funcionarios que no presenten la declaración en los términos establecidos, la sanción establecida en la ley es la destitución”, dijo esta mañana la presidenta de la entidad, Licelotte Marte de Barrios.
La Cámara de Cuentas difundió un documento con los nombres de los servidores públicos que acataron esta disposición, mas no así con los de 91 funcionarios que hasta ese momento no lo habían hecho.
Entre quienes según la CC y el artículo 2 de la ley estarían sujetos a ser destituidos, figuran el canciller Andrés Navarro; el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción; Mayobanex Escoto, director de la Autoridad Portuaria, así como Roger Jovert y Juan Rodríguez Nina, presidentes, respectivamente, de la Junta de Aviación Civil y la Comisión Nacional de Energía.
Estas autoridades ausentes del listado y que fueron nombrados por el presidente Danilo Medina el 15 de septiembre, al igual que Claudio Jiménez, administrador de Mercados Dominicanos; Claudio Peña, director general de Catastro; Radhamés Valenzuela, viceministro de Producción de Agricultura, y Roberto Cordones, viceministro de Interior y Policía.
También Julio Almonte, viceministro de Turismo de Puerto Plata y la Región Norte; Martín Zapata, viceministro de Hacienda para Políticas Tributarias, y el Cónsul General con asiento en Miami, Estados Unidos, Eduardo Sánchez. Tampoco había hecho entrega de su declaración de bienes e ingresos, hasta las 9:00 de esta mañana, la ministra de Salud Altagracia Guzmán Marcelino, quien fue nombrada al pasado 10 de octubre.
Julio César de la Rosa, coordinador de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), observa que según la Ley 311-14 –que derogó a la anterior legislación 79-82, del 1979- también debieron presentar su declaración jurada aquellos funcionarios que al momento de ser designados ocupan otras funciones públicas.
Menciona entre éstos al canciller Navarro y al ex diputado Marino Collante, quien fue nombrado al frente del Departamento Aeroportuario y remitió su declaración patrimonial a la Cámara de Cuentas dentro del plazo previsto. Añade que la legislación incluyó además a los directores de Contras y Contrataciones Públicas, y a los jefes militares, por ejemplo del Ejército, la Fuerza Áerea y la Armada Dominicana, cuyos nombres tampoco figuran entre quienes acataron la disposición de la Cámara de Cuentas.
Los que sí cumplieron
Entre los 19 funcionarios que sí cumplieron con la norma en el plazo estipulado, figuran la defensora del Pueblo, Zoila Martínez; el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), Pablo Arturo Pujols; el director ejecutivo del Ministerio de Energía y Minas, juan Vicente Rodríguez, y el director del Instituto Agrario Dominicano, Emilio Antonio Toribio.
Además del procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, Matías Minaya; Elic Fernández y Octavio Líster, embajadores en Guatemala y Costa Rica; la subdirectora general de Catastro, Josefina Marmolejos; el director de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Luis Napoleón Díaz, y el subcomandante de la Fuerza Aérea, Juan Manuel Puig.
También está el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, que en función de la legislación vigente debe ser ratificado en su puesto cada dos años.