Ginebra, 2 jul (EFE).- Andrés Navarro García, ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, aseguró hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su país ha respetado y respetará los derechos y libertades fundamentales de todos los extranjeros residentes en su país.
Navarro usó gran parte de su discurso en explicar las reformas legislativas con respecto a la regulación de extranjeros en el país y sus repercusiones prácticas, tras varias críticas de diversos órganos de Naciones Unidas -como el Comité de los Derechos del Niño o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)- respecto a estos procesos.
Lo primero que dejó claro el canciller es que "no habrá deportaciones masivas de extranjeros indocumentados", y que el caso de cada persona será tratado de forma independiente, respetando sus derechos y la ley vigente.
Según los datos que ofreció el jefe de la diplomacia dominicana, son más de 55.000 los ciudadanos que no contaban con una regularización de su situación y que se han acogido a los mecanismos ofrecidos por el Estado, por lo que su nacionalidad les será restituida.
La mayoría de estas personas nacieron en la República Dominicana de padres extranjeros indocumentados pero su nacimiento fue registrado.
"Estos dominicanos y dominicanas que tuvieron alguna dificultad para recibir o renovar sus documentos de identidad pueden ya hoy dejar esa preocupación detrás", señaló el canciller.
Con respecto a los nacidos en el país de padres extranjeros indocumentados, y cuyos nacimientos no se registraron, el Gobierno les permitió adherirse a un proceso de naturalización.
"8.755 personas se registraron y ahora podrán acceder a la naturalización en un plazo de dos años, durante el transcurso de los cuales contarán con un estatus de residencia en el país", puntualizó el ministro.
Sin embargo, ONG de la talla de Amnistía Internacional han mostrado su preocupación porque muchas personas se quedaron fueran del proceso y por lo tanto, actualmente, son consideradas apátridas.
Por otra parte, el ministro se refirió Plan de Regularización de Extranjeros, cuyo plazo expiró el pasado 17 de junio, sin que muchos inmigrantes consiguieses acogerse al mismo, situación que hizo que agencias de la ONU solicitaran al Gobierno una extensión del plazo.
Navarro explicó que el 69 % de la población registrada como irregular se había adherido al plan, es decir 288.466 personas,"y están hoy en proceso de recibir el estatus que ameritan".
La conclusión del plazo ha forzado a miles de personas de origen haitiano que no han logrado solicitar una petición de regulación a volver voluntariamente a Haití.
Según dijo el ministro, desde ese día más de 17.000 personas han regresado de manera voluntaria a sus países de origen, fundamentalmente Haití.
No obstante, Navarro dejó claro que las deportaciones están congeladas desde noviembre del 2013, y "desde entonces no se han producido deportaciones, ni masivas ni individuales".
"Las deportaciones de personas que no tengan la debida documentación migratoria en nuestro país, cuando se produzcan, seguirán un proceso individualizado, con la identificación de cada personas y todas las debidas comprobaciones de su estatus y documentación", especificó el canciller. EFE