SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Articulación Nacional Campesina (ANC) pidió al presidente, Luis Abinader, la terminación del contrato de arrendamiento de los terrenos y activos del Ingenio Barahona que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) tiene con el Consorcio Azucarero Central (CAC) desde el 13 de diciembre del 1999.
Argumentaron que en 21 años de vigencia el referido contrato "solo ha servido para ampliar, reforzar y consolidar las condiciones de pobreza de las comunidades de la Sub-Región Enriquillo", integrada por las Provincias Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia.
La ANC, que agrupa a las principales asociaciones de productores de la agricultura familiar campesina en la Región Suroeste y la Republica Dominicana, efectuaron la petición en una carta entregada en el Palacio Nacional.
Propusieron que las tierras y activos del ingenio pasen a manos de los campesinos y trabajadores, quienes manejarían tanto la parte agrícola como industrial a través de una cooperativa agropecuaria de producción, trabajo y servicios, según sus planes.
La ANC propuso, además, que de los terrenos ahora arrendados, y que suman casi 200 mil tareas, se reduzca en un 40% las plantaciones cañeras para dedicarlas a otros rubros más beneficios para el país, tales como plátanos, guineos, granos, frutas, vegetales, plantas medicinales y otras.
Agregaron que mientras el Consorcio dice emplear 3 mil 400 trabajadores, y en su mayoría "en condiciones de precariedad laboral", la propuesta de los campesinos significaría crear más de 10 mil 800 puestos de trabajo "en mejores condiciones para las familias de la Región más pobre del país".
Los campesinos justificaron el pedido al presidente en el hecho adicional de que el Consorcio "ha violado una y otra vez el contrato y junto al CEA lo extendieron de 30 a 60 años hasta el 2060 en completa oscuridad, sin consultar a nadie", remarcaron.
De igual modo, denunciaron otras "constantes violaciones por parte del Consorcio a la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, violaciones a los derechos laborales de los trabajadores y el monopolio de casi el 70% de las aguas de riego del Distrito Yaque del Sur".
Esto, en detrimento de los agricultores y contribuyentes "que somos los que vamos a pagar más de 30 mil millones de pesos que costará la presa de Monte Grande", agregaron.
En cuanto al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que el Gobierno de Abinader ha anunciado que eliminará, la ANC sostiene que "en 21 años nunca ha informado en que ha invertido en la región el dinero que se supone ha debido pagar el Consorcio por concepto de cuota fija anual de arrendamiento".
Lo mismo sucede, aseguran, con el 2% de las operaciones brutas del ingenio, según se establece en el referido contrato, "violado reiterativamente".
La ANC considera que los trabajadores y los campesinos son los más indicados para gestionar el ingenio, pues argumentan que son los responsables de la producción, la reforestación, protección de las fuentes de agua, impulso al turismo ecológico y "la única posibilidad real del desarrollo agroecológico y agroindustrial de la Región Enriquillo".
A la Articulación Nacional Campesina están integradas la Federación de Productores del Bosque Seco del Suroeste (FEPROBOSUR), la Federación de Caficultores de la Región Sur (FEDECARES), la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) y la Federación de Campesinos Independientes Mama Tingó (FECAINMAT) de Azua.
También, la Federación de Mujeres Campesinas de Ocoa, la Confederación de Organizaciones Campesinas y Barriales de la Región Sur (EL RETOÑO), la Coordinadora de Juntas Campesinas de Padre las Casas, la Asociación Central de Agricultores Luz y Esperanza de Nagua (ACALEN) y la Junta de Asociaciones Campesinas de Samaná (JACASA).
Asimismo, la Unión de Federaciones Campesinas de Cotuí, la Federación Urbana y Campesina Mama Tingó de San Francisco de Macorís, el Movimiento de Campesinos y Trabajadores “Las Comunidades Unidas” (MCCU), la Unión Regional Campesina-Cibao Norte, la Alianza Campesina-Puerto Plata, la Federación del Bajo Yuna-FALY, la Junta La Altagracia de Higüey y otras.
