SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los cambios aprobados por el Poder Judicial en la Jurisdicción Inmobiliaria son “injustificados”, “violatorios” a la ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario y el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según informó una fuente a Acento.com.do, los ex empleados Víctor R. Moya Bonilla, Pedro Guzmán Castillo, Jhonattan Toribio Frías, Simeón Familia y Viterbo De Los Santos Pineda no fueron “suspendidos”, como divulgó el CPJ en una nota de prensa, sino cancelados de sus funciones en la Jurisdicción Inmobiliaria (JI).

La fuente alega que las razones que llevaron a los miembros del CPJ a cancelar a los empleados de la JI fueron políticas, porque los ex funcionarios estaban capacitados de acuerdo al nuevo Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras y de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria, además que no cometieron ninguna falta.

“Esas decisiones atentan contra la seguridad jurídica del país porque este órgano o institución está llamado a garantizar los derechos de los ciudadanos y crear un clima de inversión seguro y regulado”, explica la Fuente.

Los ex funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria fueron cancelados según explica una carta firmada por Ingrid Pimentel, encargada de la Dirección de Registro y Personal, en donde el Poder Judicial prescinde de sus servicios.

En la reunión del Consejo del Poder Judicial del 4 de junio, se aprobó una modificación a la Unidad de Mesuras y Unidad de Apoyo Registral, a la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales y de Registro de Títulos, en lo adelante serían Unidad de Mesuras y Unidad de registro.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Fuente, la Administración General de la Jurisdicción Inmobiliaria ahora sería la Dirección, contraria a lo dispuesto a la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.

Según establece el Artículo 4 de la ley de Registro Inmobiliario 108-05, “para el manejo integral de la Jurisdicción Inmobiliaria los servicios comunes y administrativos serán prestados por la administración general cuyo titular será designado por la Suprema Corte de Justicia”.

Estos cambios rompen con lo dispuesto en los programas de Modernización de la Jurisdicción de Tierras y de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria creados luego de que el Estado Dominicano solicitara ayuda al BID para realizar un modelo que garantice la seguridad jurídica y evitar las irregularidades que se cometían en el pasado.

Para llevar a cabo estos programas el BID aportó 42 millones de dólares desde el año 1998 y hasta agosto de 2011 aprobó y ejecutó conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia.

La Jurisdicción inmobiliaria es la tercera fuente recaudadora de ingresos del Estado.

Reemplazo “arbitrario”

Según los documentos de los que Acento.com.do tiene copia, dentro de los “cambios” en la Dirección de la JI hechos por Mariano Germán y demás miembros del CPJ, en sustitución de los cancelados fueron designados: Noel Báez Paredes, Alba García Ruíz, Ramón Antigua y Antonio Bonetti, de forma interina.

La fuente afirma que el agrimensor Antonio Bonetti, designado en la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales en el año 2007 se vio obligado a renunciar al cargo de Director Nacional por estar opuesto al proceso de reforma que se estaba llevando a cabo con el BID.

Asimismo, la actual Dirección Nacional de Registro de Títulos está a cargo de Rosabel Castillo, persona que, según la Fuente, durante años se ha mostrado resistente a los cambios que se acordaron con el BID en los diferentes programas, como por ejemplo la digitalización del Registro de Títulos en el Distrito Nacional.

Los ex funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria que fueron cancelados estaban capacitados en los programas que desarrolló y que aplicó el BID, sin embargo fueron separados del cargo sin haberse realizado un concurso o proceso de sustitución, según informa la fuente.

Asimismo las cancelaciones no fueron a comisión, no figuran como tema en la agenda del 4 de junio, tampoco en dicha agenda se observa un informe previo que determine porqué tendrían que se separados de sus cargos en la JI esos funcionarios, indica la Fuente.

En la nota de prensa divulgada por el CPJ el miércoles 6 de junio no se explican las razones por las que los seis ex funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria fueron separados de sus cargos.

Según las conclusiones planteadas por la fuente, con actitudes como éstas se “tiran por la borda” diez años de reforma y avance de la Jurisdicción inmobiliaria, para volver a la ilegalidad y corrupción como operaba el registro de títulos en el pasado.

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