SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana.- La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís sobreseyó hoy el conocimiento de un recurso de apelación interpuesto por el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, contra la medida de coerción del pago de 5 millones de pesos en efectivo, visita cada semana al despacho del procurador de la corte e impedimento de salida, al figurar como principal acusado del desfalco de más de 100 millones de pesos en el ayuntamiento municipal.
El fallo provocó que el alcalde, acusado de corrupción, expresara las gracias a Dios y a Leonel Fernández, su líder político, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los jueces de la Corte acogieron el pedimento de los abogados de la defensa del alcalde, quienes plantearon el sobreseimiento del conocimiento de dicho recurso, hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decida sobre un pedimento que formularon de declinatoria del proceso a otra jurisdicción fuera de San Francisco de Macorís, alegando razones de seguridad.
Los abogados de la Procuraduría General de la República no se opusieron al pedimento y los magistrados Luis Sulpicio Almonó, Melkis Antigua, Rafael de Jesús Cabral y Mirtha Felicia Duarte, lo acogieron aplazando conocer el recurso de apelación hasta que la Suprema Corte decida si envía a otra jurisdicción el proceso en contra del alcalde.
Desde antes de iniciarse el conocimiento de la audiencia cientos de personas se aglomeraron frente al Palacio de Justicia de esta ciudad, pidiendo la cárcel y la destitución para el alcalde, principal imputado en el caso de corrupción en el cabildo que envuelve la suma de 100 millones de pesos.
Con tamboras, redoblantes, cornetas y otros instrumentos musicales, la multitud arribó a la fachada frontal del recinto judicial donde un fuerte cordón policial le impidió el acceso hacia el interior.
Entre las organizaciones que encabezan el reclamo de castigo a los responsables del desfalco al cabildo está el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO); el Frente Estudiantil Amin Abel Hasbún; la Federación de Campesinos sin Tierras Maximiliano Gómez; la asociación Campesina Mamá Tingó, entre otras, además de cientos de ciudadanos independientes.
Las medidas de seguridad tanto dentro como en los alrededores del Palacio de Justicia fueron extremas, con decenas de efectivos policiales fuertemente armados que fueron apostados, incluyendo en las áreas verdes, en la primera y en segunda planta del edificio.
Raúl Monegro y Víctor Romano, voceros nacionales del Falpo, coincidieron en señalar que la medida de coerción impuesta al alcalde Rodríguez Grullón debe ser variada por prisión y que se disponga la incautación de los bienes mal habidos que habría acumulado el funcionario durante su gestión de 14 años.
Advirtieron que el movimiento popular no descansará hasta ver en la cárcel a los corruptos que desfalcaron el ayuntamiento municipal y que el producto de ese desfalco sea restituido al municipio.
Pese a que el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón había manifestado su conformidad con la medida de coerción, dándole gracias a Dios por haber iluminado la mente del magistrado Claudio Aníbal Medrano, recurrió en apelación la misma.
También el alcalde ha externado su agradecimiento público al ex presidente Leonel Fernández, por el respaldo que le ha dado.
Pese a que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, había anunciado que “estudiaba” la posibilidad de apelar la medida de coerción impuesta al alcalde, junto a la extesorera Fiordaliza Genao Hernández y el ex encargado de nómina Jerson Lizardo, dicho recurso no fue incoado dentro de los plazos procesales. Solo apeló el alcalde.
Esa situación trae como consecuencia que cuando se conozca el recurso de apelación, los jueces solo pueden variar la medida a favor del alcalde o confirmar la misma, contrario a si se hubiese producido la apelación por parte del Ministerio Público y los demás querellantes, que habría dado la posibilidad a los jueces de reformarla y hasta dictaminar prisión preventiva en contra de los imputados.
Tras la decisión de los jueces de la Corte, de sobreseer el conocimiento de la apelación de la medida de coerción, hasta que la Suprema Corte decida el pedido de declinar el expediente a otra jurisdicción, las partes se retiraron y la multitud que se mantenía aglomerada frente al palacio judicial también lo hizo.
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