El procurador adjunto Wilson Camacho, aseguró hoy que corrupción no tiene espacio donde esconderse en República Dominicana, ni detrás de un uniforme ni un rango militar, refiriendose al caso Coral 5G.
Desatacó que el expediente es tan voluminoso como la cantidad de hechos que han cometido las personas que están involucradas, la cantidad de bienes adquiridos con el dinero sustraído del erario y con la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público para sustentar la medida de coerción.
“No podrá esconderse detrás de un uniforme ni un rango militar, y no podrá esconderse porque eso no es justo, y no es justo, sobre todo, para los hombres y mujeres que dignifican el uniforme, y no es justo para los hombres y mujeres que ven afectadas sus vidas dentro de los cuerpos castrenses, porque el dinero que debiera servir para mejorar su calidad de vida es sustraído por un grupo de personas que se enriquecen y viven de lujo a costa del bienestar de la mayoría de los miembros de las fuerzas armadas”, manifestó
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige Camacho, depósito el pasado viernes la solicitud de medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra 13 detenidos durante la Operación Coral 5G, para quienes pide 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja.
“Nosotros estamos concentrados en trabajar. Nosotros estamos concentrados en una cuestión muy clara: La corrupción no tiene espacio donde esconderse en República Dominicana”, c
Explicó que Coral 5G es una continuación de la Operación Coral, por lo que expuso que, siendo los mismos hechos y las mismas personas, lo que procede es que estos casos vayan a un mismo tribunal control y, de esta manera, incluso, por economía procesal, que sea llevado en un mismo espacio donde actuarán los mismos representantes del Ministerio Público.
Camacho habló del caso tras responder preguntas de periodistas de la fuente judicial que lo abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, previo al inicio del conocimiento de la medida de coerción.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ERD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.