SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), aseguró que se trató de un burdo montaje la denuncia hecha por el presidente de Cámara de Diputados, Abel Martínez, sobre el retiro de documentos requeridos por parte del movimiento, sobre el uso de los fondos de asistencia social, conocidos como “el barrilito”.

En ese orden, la entidad desmintió este jueves 11 la denuncia hecha por Martínez, quien presentó al hemiciclo un pliego de documentos concernientes a la solicitud que en el año 2011 realizara Reemberto Pichardo Juan, presidente del C3, sobre el “barrilito”; los cuales, alegó Martínez “no han sido retirados, todo para desviar la atención y el interés en la lucha contra la corrupción y la transparencia administrativa.

El organismo, a través de una comunicación enviada a los medios, aseguró que el 21 del mes de julio del 2014, Pichardo Juan procuró dicha información, sin embargo, esta no fue entregada al solicitante, tras haber sido contactado por la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) de la Cámara de Diputados.

En la nota divulgada por el C3, explicó que una vez el presidente de ese movimiento se presentó para hacer retiro, le informaron que la documentación no estaba lista y por tanto no podía ser entregada.

El comunicado expone que a raíz de la “burla”, el solicitante procedió a apoderar a su abogado, Alejandro Alberto Paulino Vallejo, quien se encontraba presente, para que fuera la persona de contacto a los fines de la entrega de la información solicitada.

Esta autorización fue sellada, fechada y firmada al momento de su recepción por la OAI de la Cámara de Diputados y se encuentra en poder del solicitante como prueba inequívoca de que Pichardo Juan se presentó para realizar el retiro de la información en fecha 21 del mes de julio del año 2014, casi cuatro meses después de que le fuera notificada en fecha 20 del mes de marzo del año 2014 a la Cámara de Diputados la sentencia del Tribunal Constitucional número 0039 del 28 de febrero del 2014, que ordenó la entrega de las informaciones solicitadas.

La información sobre los fondos de asistencia social, conocidos como “el barrilito” fue realizada  la Cámara de Diputados en fecha cuatro del mes de octubre del año 2011, sin embargo, manifestó la entidad a través de la nota de prensa que “a raíz de la arbitraria negativa a la entrega de dicha información por parte de su presidente el Abel Martínez, fue necesario iniciar un proceso judicial para la entrega de la documentación que curso por el Tribunal Superior Administrativo, luego la Suprema Corte de Justicia y culminó en el Tribunal Constitucional con la sentencia ya mencionada”.

“En síntesis: Abel Martínez se negó a entregar la información solicitada por casi tres largos años y ahora que se ha visto forzado por el Tribunal Constitucional pretende darse fama de transparente y respetuoso de la democracia”, criticó el C3.

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Notificación Sentencia Camara de Diputados

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