Río de Janeiro, 26 mar (EFE).- Los brasileños volvieron a salir hoy a las calles de decenas de ciudades del país, aunque en un número muy inferior que cuando exigieron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, para defender el combate a la corrupción y pedir una profunda renovación política.

Las manifestaciones de este domingo fueron convocadas en las redes sociales por los mismos movimientos no partidarios que movilizaron a millones de brasileños el año pasado contra la entonces jefa de Estado, aunque esta vez no tuvieron la misma fuerza y reunieron reducidos grupos, con excepción de Sao Paulo.

Las protestas se desarrollaron sin incidentes en al menos 10 de los 27 estados del país pero atrajeron pocas personas, muy por debajo de las previstas por los organizadores, y se deshicieron en poco tiempo. En algunas capitales regionales el número de manifestantes no superaba el medio centenar.

La gran excepción fue Sao Paulo en donde miles de personas ocuparon varias calles de la emblemática Avenida Paulista.

La principal bandera de los manifestantes fue su apoyo a la investigación del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, que salpica a más de un centenar de políticos, incluyendo a al menos seis ministros, para defenderla de los intentos de algunos parlamentarios de frenarla y hasta de aprobar una amnistía.

En Sao Paulo destacaron las pancartas de apoyo al riguroso juez Sergio Moro, que ha mandado a la cárcel a decenas de implicados en el escándalo de Petrobras y al que muchos manifestantes proponen como candidato presidencial el próximo año.

La baja adhesión de las manifestaciones contrastó con la multitud de las reivindicaciones, ya que, además de defender la lucha contra la corrupción y pedir el fin del fuero privilegiado que protege a los políticos investigados, algunos grupos aprovecharon los actos para manifestar sus propios reclamos.

A los que se vistieron de los colores verde y amarillo de la bandera nacional para gritar contra la corrupción se sumaron grupos de intereses dispares, cada uno con su propia reivindicación, aunque en común exigían una profunda renovación política.

Algunos manifestantes pidieron el regreso de los militares al poder en Brasil, otros la suspensión del estatuto que limitó el porte de armas en el país y algunos se centraron en las críticas a la reforma a las jubilaciones impulsada por el Gobierno.

También se gritaron consignas y exhibieron carteles contra un proyecto de ley que eleva los recursos públicos para financiar las campañas políticas y otro que obliga a los electores a votar por listas de candidatos presentadas por los partidos políticos y no por el aspirante al que apoyan.

En Río de Janeiro, en donde cerca de 600 manifestantes se congregaron indistintamente alrededor de tres camiones equipados con altavoces en el paseo marítimo de la playa de Copababana, un grupo de defensores de la monarquía pedía desde uno de los vehículos un cambio de sistema político en Brasil.

Uno de los actos más vistosos fue el de Brasilia, en donde unas 600 personas se reunieron en los jardines frente a la sede del Congreso para, al ritmo de una marcha fúnebre, desfilar detrás de doce ataúdes que simbolizaban políticos acusados de corrupción.

En el llamado "entierro político de la vieja política brasileña", los manifestantes pasearon con ataúdes que representaban, entre otros, a los expresidentes Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.

Las manifestaciones fueron convocadas por los grupos "Vem para Rua" (Sal a la calle) y Movimiento Brasil Libre, que se dicen desvinculados de los partidos políticos y utilizan las redes sociales como herramienta de movilización.

Los dos movimientos fueron los más activos entre los que, en diferentes jornadas de protestas en 2015 y 2016, movilizaron hasta 6,9 millones de brasileños contra Rousseff, que finalmente fue destituida en agosto pasado por violaciones a las normas fiscales.

La mayor preocupación de ambos grupos son las iniciativas de algunos congresistas para frenar las investigaciones de los desvíos en Petrobras y para aprobar una ley que conceda amnistía a los acusados de recibir recursos de la empresa.

"El Congreso está intentando empujarnos por la garganta medidas que buscan beneficiar tan solo a los poderosos y a los procesados", afirmo el principal líder de Vem para Rua, Rogério Chequer, en un discurso en Sao Paulo.

"Protestamos contra el voto en lista de partidos, los recursos públicos para financiar campañas políticas y el fuero privilegiado para las autoridades. Son cosas que impiden la renovación política que queremos el próximo año", dijo la abogada Adriana Balthazar, vocera del mismo grupo en Río, en referencia a las elecciones presidenciales y legislativas de 2018. EFE