“Diablos, sí pudiéramos encontrar una pistola de camino para cambiarle el cañón”, es parte de una conversación que como prueba presentó la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de Blas Peralta y los demás implicados, en que supuestamente planeaban como deshacerse del arma que utilizaron para realizar los disparos donde resultó muerto el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet.
Según el expediente encabezado por la procuradora Fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, el coronel retirado de la Policía Nacional Rafael Herrera Peña, envió varios mensajes a Blas Peralta y Geraldo Félix Batista, planteando la forma de alterar el arma homicida utilizada el pasado viernes 4 de marzo.
Indica además que en una conversación sostenida entre los implicados, se quería disponer de un arma de la Policía Nacional para hacer el cambio del cañón del arma a nombre de Peralta, y que no se pudiera identificar que de esta habían salido los disparos.
“En la Policía hay muchas pistolas de esa…lo que hay que tratar de no entregarse hoy”, señalan en la conversación obtenida a través del teléfono del coronel, el cual al parecer ya se encontraba intervenido por las autoridades aunque se desconoce el por qué.
“En la Policía hay muchas pistolas de esa…lo que hay que tratar de no entregarse hoy”
La misma instancia señala que Peralta le decía a Herrera que debía de deshacerse de los celulares lanzándolos al mar, pero el Coronel le indicaba que dejarían los móviles en el vehículo.
Se informó que la intervención del número de teléfono 809-222-3579 fue autorizada por la magistrada Arisleyda Méndez Batista, jueza coordinadora Interina de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional el 14 de enero del presente año, a solicitud del Ministerio Público representado por Adolfo Augusto Feliz Pérez, procurador fiscal del Distrito Nacional. Se actuó bajo la orden número 109-enero 2016.
Mientras, Reynoso recalcó hay pruebas de distintas naturalezas como testimoniales e interceptaciones telefónicas, inteligencia electrónica, forenses, balísticas, testimoniales y audiovisuales, que involucran gravemente a Peralta, el coronel retirado Rafael Herrera Peña, Franklin Venega y Geraldo Félix Batista Mena.
“La Fiscalía introdujo la solicitud de coerción consistente en un año de prisión preventiva, por las contundente pruebas en contra de los implicados”, resaltó nueva vez la magistrada.
Fiscalía no acepta presiones
Al ser cuestionada sobre una posible repercusión o manifestación contra el Ministerio Público, por parte de los miembros de la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos (FENATRADO), Reynoso planteó que la Fiscalía entiende que sería una labor muy precaria si se deja presionar por estos. Sin embargo hay derecho a la manifestación pacífica.
Los sindicalistas tienen derecho a expresar lo que piensan, siempre y cuando respeten el orden público como lo ha hecho en otras ocasiones”, agregó.
En tanto, informó que Edward Montás, a quien supuestamente seguía Peralta tras sostener una riña, se querelló en contra este por lo que fue trasladado a la Oficina de Atención Permanente fuertemente custodiado, en calidad de víctima y testigo.
Aplazamiento
Al salir de la audiencia que se conocería este lunes 14 de marzo, el abogado de la familia del fenecido aspirante a Senador por San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Parra Báez, dijo avizorar que dicha investigación se verá incidentada y compleja.
Argumentó lo antes expuesto tras comunicar que el aplazamiento del conocimiento de solicitud de coerción emitido por el juez Honorio Sánchez, se debió a que tres de los cuatro imputados no fueron representados por sus abogados.
“Ellos vinieron sin abogado a sabiendas de necesitaban ser asistidos y el juez de juicio entonces le concedió un aplazamiento para que los imputados vengan en compañía de sus abogados el próximo miércoles 16 de marzo, a las 10 de la mañana”, destacó Parra Báez.
Concluyeron así, que se adhieren a la petición de un año de prisión solicitada por el Ministerio Público, a raíz de las pruebas en contra de los acusados.
Parte integra de expediente del Ministerio Público:
