SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La abogada Elsa Trinidad Guillén, defensora del general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina, recriminó el año y medio de prisión en una cárcel de presos comunes dictada hoy como medida de coerción, la tildó de ”arbitraria” y “no objetiva" y que “no responde al derecho”.
“A partir de este momento, cualquier empresario, cualquier persona o autoridad, basta con que un (fiscal del) Ministerio Público quiera imputarlo, lo tranque, lo prive de defenderse, filtre una serie de informaciones espiadas a la prensa y esto será suficiente para que a cualquiera lo tranquen”, declaró.
Dijo que no bien tenga copia de la sentencia decidirá qué pasos dar, entre ellos eventualmente pedir una revisión de lo decidido.
A pesar de que su defendido es un general activo, “una persona que manejó un puesto de inteligencia muy alto en este país, que dirigió la seguridad de este país en un momento delicado… y todo eso ha sido ignorado deliberadamente; realmente esa decisión puede tener lo que sea menos derecho”, añadió en alusión a que su defendido sea encarcelado junto a presos comunes.
“Hubo una evidente deslealtad procesal del Ministerio Público”, opinó y criticó que los fiscales “fueran a debatir en la prensa lo que no pudieron debatir en un tribunal”, donde sostuvo que carecieron de pruebas, pero que igual obtuvieron la medida de coerción que solicitaron a la jueza.
La jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva contra Cáceres Silvestre y también contra el teniente coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, el cabo de la Policía e hijo de la pastora Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
Todos ellos deberán estar tras las rejas del centro Najayo hombres, en San Cristóbal, en tanto que la pastora Rossy Guzmán fue enviada a los calabozos de la cárcel de Najayo–Mujeres.
La abogada Trinidad Guillén arremetió también contra el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien recibió el mismo tiempo de prisión preventiva, pero domiciliaria en premio a su colaboración judicial.
La magistrada Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dirigió la primera diligencia judicial contra los imputados de presunta corrupción en la Operación Coral.
El mayor del Ejército Girón Jiménez reveló cómo, supuestamente, desarrollaba él y los otros imputados sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
En la nómina de ambas instituciones se incluían a personas que no prestaban servicio, pero cobraban, aunque en realidad el dinero terminaba en manos de los altos mandos, según afirmó.
También ofreció detalles de las operaciones que llevaron a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
Las imputaciones del Ministerio Público y las posteriores declaraciones del mayor del Ejército provocaron que incluso las Fuerzas Armadas emitieran el viernes un inusual comunicado defendiéndose y señalando que las acusaciones no involucran a los organismos castrenses, si no únicamente a los acusados.
Tras el fallo de hoy, los representantes del Ministerio Público aseguraron que continuarán "trabajando" para desmantelar la supuesta red, en la que -según lo declarado por Girón Jiménez- están involucrados también otros altos mandos militares.
Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Fiscalía aseguró que en allanamientos de inmuebles de propiedad de los acusados fueron incautados "bienes millonarios".