Santiago de Chile, 19 mar (EFE).- La presidenta chilena, Michelle Bachelet, envió hoy al Parlamento una reforma constitucional en que se establece la declaración patrimonial de por vida para quienes hayan ejercido la jefatura del Estado, como parte de un paquete de medidas de probidad para los funcionarios públicos.
"Las soluciones deben ser institucionales para mantener sólida a la democracia. El Estado de Chile se debe a la fe pública, al respeto de las instituciones y ese pacto de confianza se debe renovar", señaló Bachlet al dar conocer las nuevas disposiciones en el Palacio de la Moneda, sede del ejecutivo.
El instructivo forma parte de las medidas prioritarias para enfrentar los cuestionamientos al sistema tras los recientes escándalos de corrupción que han afectado a empresas, políticos y al propio hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos.
"En una República que se plantea el perfeccionamiento de su democracia no podemos contentarnos con los estándares de lo estríctamente legal. Los chilenos y chilenas demandan conductas idóneas"
La semana pasada la mandataria creo un consejo asesor que deberá emitir en un plazo de 45 días disposiciones de probidad que regulen la relación entre las política y las empresas.
"Ser servidor público es un tremendo honor y debe tener como contraparte responsabilidades equivalentes en materia de transparencia y rendición de cuentas", dijo la presidenta.
"En una República que se plantea el perfeccionamiento de su democracia no podemos contentarnos con los estándares de lo estríctamente legal. Los chilenos y chilenas demandan conductas idóneas", recalcó.
Entre las nuevas disposiciones se determina que las declaraciones de intereses deberán ser "íntegras, completas y veraces" y ampliarse a todas las actividades profesionales y económicas del declarante.
Estas deberán entregarse antes del 30 de abril de 2015 y desde el 2016 tendrán que actualizarse permanentemente.
La medida será obligatoria además para trabajadores a honorarios contratados en servicios, Ministerios, así como a funcionarios de la Presidencia, incluyendo al director sociocultural, cargo que hasta hace algunas semanas desempeñaba el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos.
Dávalos debió renunciar a su cargo en el Gobierno luego de que se denunció que obtuvo un millonario préstamo para comprar unos terrenos que luego vendió a mayor precio, tras reunirse con uno de los principales banqueros chilenos.
En las medidas, se incluyen además directores de fundaciones y empresas con participación mayoritaria del Estado, así como rectores e integrantes de directivos de las universidades públicas.
La obligatoriedad será efectiva para más de cuatro mil funcionarios del Estado que reciben rentas superiores a los tres millones de pesos chilenos (unos 4.700 dólares) mensuales.
El Gobierno dispondrá de un sitio web en el que se sistematizarán las declaraciones de patrimonio e intereses.
"Hoy debemos poner al servicio público la vara más alta", dijo Bachelet, para quien estas medidas muestran "un compromiso del Gobierno y un compromiso personal por llevar adelante acciones concretas para que todas las autoridades rindan cuenta de sus bienes y patrimonio y de cómo este evoluciona durante el desempeño de sus cargos". EFE