SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La suspendida jueza acusada de dejar en libertad a imputados por sicariato y narcotráfico, Awilda Reyes Beltré, podría ser trasladada a su vivienda donde cumplirá prisión domiciliaria este viernes 5 de febrero.
Según su abogado Harold Echavarría, se le había notificado hoy del posible traslado de la imputada, quien cumplía la medida de coerción de un año de prisión preventiva en el Centro Correccional Najayo Mujeres.
Durante su asistencia a la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para el conocimiento de una acción constitucional de amparo en contra de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, refirió que ya no denunciaría la situación en que se encontraba su defendida porque sería reubicada a su hogar.
Amparo
En tanto, dicha Cámara se declaró incompetente para el conocimiento de una acción de amparo solicitado por la inculpada exigiendo le sean desbloqueadas sus cuentas bancarias.
La jueza de la sala manifestó su incapacidad al señalar que por el hecho de la jurisdicción privilegiada con la que cuenta la acusada y la acción penal que pesa en su contra, dicho conocimiento debe ser conocido único y exclusivamente por los jueces de primera instancia.
“Declara competente a la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, conforme a lo que establece el artículo 72 de la Ley 137-11; a su vez que remite el presente proceso por ante la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia para los fines correspondientes”, indicó mediante su veredicto leído por el secretario del tribunal.
Awilda Reyes a través de sus abogados, solicitó que le sean desbloqueadas sus cuentas bancarías obstaculizadas por la investigación que se lleva en su contra por emitir sentencias a favor de imputados por sicariato y narcotráfico a cambio de sobornos económicos.
A la suspendida jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional le fue dictada medida de coerción consistente en prisión preventiva, tras iniciada una investigación en su contra luego de la denuncia incoada por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
Esta fue acusada junto al exconsejero de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Arias Valera, y otros cuatro jueces de pertenecer a una supuesta red de jueces prevaricatos.
Contra tres de los señalados cuatro jueces involucrados, se lleva a cabo un juicio disciplinario en procura de determinar el grado de complicidad dentro de la supuesta red.