SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El portal de Contrataciones Públicas ya arroja el valor estimado de las auditorías de firmas externas que prometió el presidente Luis Abinader se realizarían a todas las instituciones del Estado, con miras a determinar las condiciones en que los nuevos funcionarios recibieron estas entidades: entre RD$ 2.6 millones y RD$ 4 millones, por institución.
Justo ayer miércoles, la Dirección General de Aduanas y Puertos publicó la oferta de “contratación servicio de auditoría externa a los estados financieros y procesos para el periodo 16 de agosto 2016 al 16 de agosto 2020”, valorada en RD$ 4 millones.
La Dirección General del Contrataciones Públicas también publicó el pasado 29 de septiembre la oferta de contratación de una firma para una auditoría externa a los informes financieros, ejecución presupuestaria, y el control interno de esta entidad, entre enero y agosto del 2018, 2019 y 2020, cuyo valor estimado es RD$ 2,6 millones.
En los procesos de compras, las instituciones emiten una certificación de fondos que valida cuánto dinero dispone para contratar estos servicios. Son montos estimados, que se fijan al momento de la contratación de la firma que logre presentar la mejor oferta en estos procesos de comparación de precios.
Estas auditorías contratadas tienen utilidad limitada, solo al uso interno de la institución contratante. Así lo establece una sentencia del 2015 del Tribunal Constitucional (la 0001/15), que declaró inconstitucional la competencia de auditorías externas para establecer controles fiscales que le incumben a la Cámara de Cuentas.
La sentencia describe que las auditorías realizadas por firmas privadas “carecen del imperio legal para derivar autónomamente responsabilidades de ningún tipo”, sino que apenas podrían servir de insumo para que la institución que la pagó evalué su desempeño y resultados de su gestión.
“Las ‘opiniones, observaciones, conclusiones y recomendaciones’ que se hagan constar en las mismas no pueden por sí mismas dar origen al establecimiento de responsabilidades como las que corresponde declarar a la Cámara de Cuentas”, describe el Tribunal Constitucional.
En términos concretos, las auditorías que evaluarán la gestión del pasado gobierno y para las que se destinarán millones de pesos por cada entidad, cuando sean contratadas, no serán por sí sola un instrumento de para denunciar irregularidades.
Al momento de anunciar la medida, una de las primeras desde el inicio de la gestión de Luis Abinader y que despertó expectativas y aplausos, el Gobierno informó que se usaría personal de Contraloría y empresas privadas; aclaró también que estas auditorías no tendrán como objetivo la persecución contra funcionarios salientes, pero no dejarán de actuar ante irregularidades.