SANTO DOMINGO, República Dominicana,-Una investigación de la  Cámara de Cuentas de la República (CCRD) detectó en las Fuerzas Armadas una compra ilegal de armas por valor de 28 millones de pesos.

La operación fue considerada “fraudulenta” porque se hizo sin licitación ni firma de contrato entre las partes, y porque las armas nunca se entregaron.

Las armas compradas serían 200 fusiles M-16  y 800 cargadores. La empresa beneficiaria de la compra es importadora Peralta & Compañía C. por A.

Las negociaciones se iniciaron en mayo de 2008, y las autoridades pagaron por adelantado la totalidad del importe, lo que para la Cámara de Cuentas es “complicidad oficial contra el Estado Dominicano”.

La compañía suplidora indica en la cotización que la entrega al ministerio de las Fuerzas Armadas se llevaría a cabo de seis a ocho semanas a partir de la autorización de la licencia de exportación del Departamento de Estado, de los Estados Unidos.

Los cheques fueron autorizados por el general Aquino García, apenas dos meses antes de su destitución

Pero al cierre del último informe de la CCRD, en marzo de 2013, los representantes de la empresa Peralta & Compañía no habían cumplido con el contrato, al no haber entregado las armas.

Las negociaciones se hicieron durante la gestión del mayor general Ramón Antonio Aquino García, como ministro de las Fuerzas Armadas, durante el periodo de 2006 hasta agosto de 2008, en el gobierno del presidente Leonel Fernández.

La compra corresponde a 200 fusiles marca Colt, M16, A 4, cuarta generación, calibre 5.46 x 45mm, rango efectivo a los 600 metros, disparo en ráfaga y tiro a tiro, con mira ajustable y  dispositivo de adaptación para lanzar granadas M 203; más 800 cargadores de 30 municiones cada uno.

Las armas estaban destinadas a reforzar la seguridad en la frontera terrestre con Haití, debido a que en ese momento los militares de servicio no disponían de fusiles modernos, según la motivación del ministerio para efectuar la compra.

Los insumos militares serían fabricados por la compañía Colt Defense LLC  de los Estados Unidos, pero a los auditores no les suministraron documentación que confirme el compromiso de esta empresa con los representantes de Peralta & Compañía.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas autorizó entre  el 7 de mayo y el 15 de julio de 2008 los cheques números 17605; 17705 y 17668 a nombre de la referida empresa proveedora por la suma de 28 millones 784 mil pesos, para saldar por adelantado la totalidad de la supuesta compra.

Los cheques fueron autorizados por el general Aquino García, apenas dos meses antes de su destitución.

Las Fuerzas Armadas, aparadas en la Ley 36, emitieron tres permisos de importación de armas, a los fines de que el suplidor cumpliera con la entrega de los fusiles y sus dispositivos, pero cuatro años y medio después aún no llegan al país, según refieres el informe de la CCRD.

Las órdenes de importación fueron  emitidas entre  marzo de 2008 y julio de 2010 con los números 049-08; 207-09 y la 0102-10 del la MFFAA, a requerimiento del fabricante para supuestamente utilizarlas en los trámites de exportación de los insumos militares.

El 5 de agosto de 2010, los ejecutivos de la empresa Peralta & Compañía entregaron una comunicación al referido ministerio, donde explican que la compañía Colt Defense LLC, responsable de la fabricación de las armas había tramitado los permisos  al Departamento de Estado y que esperaba respuesta en un tiempo razonable.

La Cámara de Cuentas recomienda a las autoridades del Ministerio solicitar a los ejecutivos de la empresa Peralta & Compañía la devolución  de los RD$ 28.7 millones por la compra no realizada de los insumos militares

Además, se comprometieron a mantener informadas a las autoridades del ministerio sobre el proceso de compra y embarque de las armas.

Pero dos años y medio después  las autoridades no han recibido  las armas ni la devolución de los fondos entregados ilegalmente, según detalla en dispositivo legal de la CCRD.

La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, del 31 de diciembre de 1978, en su artículo 59 señala: Que el secretario (hoy ministro) de las Fuerzas Armadas: “Será responsable de la aplicación correcta del presupuesto de la FFAA.”

Asimismo, el informe de la investigación financiera  refiere que  las autoridades violaron la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, en su artículo 16, numeral 1, que señala:

“Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades  del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondiente.”

No es la primera vez que la  empresa Peralta & Compañía se ve  envuelta en problemas de contratos con las Fuerzas Armadas. En el 2007 fue acusada de sobrevaluar la construcción del edificio que aloja la ARS-FFA por la suma de 6 millones de pesos, según lo indican varias auditorias interna.

En su conclusiones la Cámara de Cuentas recomienda a las autoridades del Ministerio solicitar a los ejecutivos de la empresa Peralta & Compañía la devolución  de los RD$ 28.7 millones por la compra no realizada de los insumos militares.

La auditoría fue levanta a los estados financieros  del Ministerio de las FFAA durante el periodo 2006 al  2008,  concluyendo en marzo del año en curso.