SANTO DOMINGO, República Dominicana,- El Hospital General Dr. Vinicio Calventi dejó de  entregar a la Tesorería Nacional RD$ 143.6 millones, que fueron obtenidos por los servicios que prestó la entidad médica a los pacientes afiliados a las ARS (administradoras de riesgos de salud) y a personas particulares durante el 2010, además de registrar un grave desorden en su contabilidad interna.

Así lo refiere la auditoria financiera que hizo la Cámara de Cuentas a la ejecución presupuestaria y flujo de efectivo del centro de salud, entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

A lo largo de las 56 páginas que contiene el informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas  destaca la falta de control interno, ausencia de documentaciones físicas de conciliaciones bancarias, recibos provisionales sin liquidar, conciliaciones descuadradas, depósitos sin registrar; limitaciones en el sistema de información operativo, así como  deficiencia en la custodia y manejo del efectivo y ausencia de política y registro en la cuenta por cobrar del hospital Calventi.

El informe critica a  las autoridades del hospital por haber depositado los fondos referidos  en una cuenta interna de la institución con el Banco de Reservas, desde donde fueron retirados administrativamente sin la aprobación de la Tesorería Nacional, ni de la Dirección General de Presupuestos  del Gobierno.

El informe de fiscalización pone de manifiesto que en el centro de salud laboran personas con parentesco de primer y segundo grado, relacionados con funcionarios que dirigen la institución, en violación a la Ley de Función Pública, 41-08

Según los auditores, la disposición de las autoridades infringe la Norma de Procedimiento Transitorio para la Tramitación y  Registro  de los Ingresos Extrapresupuestarios (ingresos propios) dictada por la Contraloría General de la República, que dispone lo siguiente:

“Las entidades del Gobierno Central que generan ingresos extras presupuestarios por cualquier concepto, deberán depositarlos en la cuenta República Dominicana de la Tesorería Nacional el mismo día o a más tardar a la 12:00 del mediodía siguiente.”

Además, el órgano fiscalizador indica que la Contraloría General de la República prohíbe que se utilicen esos recursos de forma administrativa, como hizo el hospital Calventi.

Mediante la circular 000006 de fecha 03 de marzo 2005, la Contraloría  establece:

“Las obligatoriedad de depositar en el Fondo General de la Nación (100) todos los recursos recaudados de manera directa, es decir, los fondos propios que anteriormente se denominaban extra- presupuestario; por lo cual queda totalmente prohibido depositar dichos recursos en cuentas particulares.”

Reacción de la administración del hospital

Las autoridades del centro medico  explicaron a los auditores de la CCRD, en fecha 27 de mayo de 2011, que recibieron la información de parte de la CGR a finales de 2010, para ser ejecutada a partir de enero del año siguiente.

Alegan que no  conocían el mecanismo adecuado para  llevar a cabo los depósitos. Argumentaron que  en ningún momento se han opuesto a llevar a cabo los depósitos como ordena el reglamento de la Contraloría.

“Estos recursos son mayormente generados por la prestación de los servicios  a las compañías que ofrecen seguros médicos, y los contratos fueron autorizados por el ministro (de entonces) de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez”, argumentaron.

Dicen que están comprometidos con las compañías suplidoras y que el hospital está obligado a mantener al día todos los insumos y necesidades para prestar servicios.

Explican, además, que los fondos generados por el centro de salud sirven para solventar los gastos de aquellas personas que asisten sin seguro médico, a las cuales no se les niega atención aunque carezcan de recursos.

Sin embargo, la Cámara de Cuentas recomienda cumplir el Artículo 24 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, 423-06, del 17 de noviembre, que expresa lo siguiente:

“Todos los ingresos corrientes y de capital, donaciones y desembolsos de préstamo en efectivo o en valores percibidos deben ser depositados en la Tesorería Nacional y para su utilización requieren de la correspondiente apropiación presupuestaria.”

Señales de nepotismo

Otro punto crítico que señalan los auditores de la Cámara de Cuentas es que los principales funcionarios del Hospital General DR. Vinicio Calventi se repartieron los puestos de trabajo entre sus más cercanos familiares.

El informe de fiscalización pone de manifiesto que en el centro de salud laboran personas con parentesco de primer y segundo grado, relacionados con funcionarios que dirigen la institución, en violación a la Ley de Función Pública, 41-08.

La Cámara de Cuentas expone que el director General de entonces, Dr. José Alfredo Espinal, nombró a su hija Ángeles Mayra Espinal como Encargada de Cocina del centro de salud.

Mientras que Orlando Vegazo Moreno, Asistente  del Director, es hermano del Asistente Administrativo, Reneris Vegazo Moreno, en tanto que Cristóbal Villa Mejía, Administrador, es el padre de  Karolina Esther Villa, quien labora como auxiliar de Atención al Cliente.

Según el informe, esos funcionarios del hospital infringieron el Artículo 80  de la Ley de Función Pública, que dispone:

“A los servidores públicos les está prohibido incurrir en los actos descritos a continuación y que la presente ley califica como faltas disciplinarias, independientemente de que constituya infracciones penales, civiles o administrativas consagradas y sancionadas en otra ley vigente:

“Numeral 15: Prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad, inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía.”

El informe concluye afirmando que esa irregularidad puede provocar que se produzcan violaciones a las políticas y normativas sin que se ejecuten sanciones, debido al grado de familiaridad.

Asignación de  recursos a funcionaria de la Contraloría

La fiscalización realizada a la entidad detectó, además, que la encargada de la Unidad de Auditores de la Contraloría General de la República recibió del hospital durante el 2010 una asignación de RD$ 43 mil 200 en combustibles.

Este hecho, según el dispositivo legal de la auditoria, es una violación a la Ley 10-07, que instruye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General, que  en  su Artículo 27 expresa:

“La unidad dependerá normativamente, administrativa y financieramente de la Contraloría General de la República y tendrá como relación a las respectivas entidades u organismo conformidad con las normas emitidas por dicha Contraloría,  las siguientes funciones:

“2a) Efectividad del proceso de control interno y de la gestión pública institucional.”

“2e) Eficiencia operacional.”

Además, asegura la Cámara de Cuentas que al recibir dadivas, recursos o regalos de la institución a la cual  fiscaliza,  existe la posibilidad de que el grado de independencia del funcionario pueda ser vulnerado como resultado del beneficio ilegal obtenido en el desarrollo de sus funciones.

Auditoría señala violaciones a normas en compras Hospital Calventi .