SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los hallazgos de la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) tras la denuncia que presentó un empresario sobre irregularidades en licitaciones en estado de emergencia, se pueden someter a la justicia, según indicó su presidente Hugo Álvarez Pérez.
Álvarez dijo que la investigación concluyó con “muchos hallazgos”, que remitieron a la actual directora, Kenia Lora Abreu.
“Hay de todo un poco”, fueron las palabras de Álvarez, quien seguido señaló que en el INAPI no cumplieron con los procedimientos de compras correctos y tampoco hicieron las retenciones que indican la ley.
Según informó, los resultados se publicarán en los próximos días.
Las imputaciones detallan que el INAIPI hizo licitaciones de emergencia sin autorización para justificar la adjudicación de un contrato a un proveedor específico, a pesar de que la organización no está dentro de las instituciones autorizadas por decreto para hacer contrataciones por emergencia. Además, incumplimiento del debido proceso y contratos sobrevalorados.
Cuando salió a la luz, el Poder Ejecutivo destituyó al comité de compras de la referida organización y su directora en ese momento, Berlinesa Franco, renunció.
Los funcionarios destituidos son: El subdirector general de Gestión Institucional, Juan López, la directora Administrativa y Financiera, Ramona Hernández, el director de Planificación y Desarrollo, Alberto Patxot, la encargada del departamento jurídico Stefany Severino, y la responsble de Libre Acceso a la Información Pública Clementina Pitier, quienes a su vez son presidente y miembros, respectivamente, del Comité de Compras y Contrataciones del INAIPI.
También fueron destituidos el director de operaciones, Ricardo Guzmán, y la encargada del departamento de compras María Martínez.
Luego, el presidente Danilo Medina juramentó a Kenia Lora Abreu y Greibby Cuello Coste como directora del INAIPI y directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), respectivamente.
Según explicó, la auditoría se realizó hasta el 31 de diciembre de 2019, y está en las manos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la cabeza de este órgano persecutor, Jean Alain Rodríguez, para darle continuidad al caso.