Diana Peguero/Especial para Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), para el período 2010-2013, revela una serie de anomalías en proyectos ejecutadas en la región sur.

La investigación subraya 9 observaciones críticas en varias de las obras ejecutadas durante el periodo auditado, sobre debilidades por omisión o incumplimiento de políticas y en detrimento de objetivos institucionales.

Conforme a la relación de pagos suministrada por las autoridades de la OISOE, el monto total contratado por el universo de obras, que asciende a las 814, supera los RD$ 96 mil millones, y un total pagado de más de RD$ 40 mil millones. El informe de la Cámara de Cuentas no especifica si el monto pendiente fue saldado.

Según el informe, de esas 814 obras ejecutadas por la OISOE durante el período auditado, comprendido entre el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013, a nivel nacional, se seleccionaron construcciones en la región sur, cuyo monto total asciende a RD$ 8 704 724 844.

Los fiscalizadores hallaron que por lo menos 12 contratistas carecían de la póliza de garantía de avance o anticipo, y la ausencia de documentos respecto a la garantía de cumplimiento de los contratos.

Los principales funcionarios de la entidad que estuvieron relacionados a la adjudicación y ejecución de las obras evaluadas son Francisco Pagán Rodríguez, Celio Mercedes Capellán, Miguel Florentino, Franklin R. Fermin, Ana Bella Aybar, Bernardo Rafael Ledesma y Teodoro Eusebio Tejeda.

La auditoría también revela que varios de los archivos con expedientes no presentaron evidencias de los estudios para prevenir e interpretar los impactos ambientales que produciría cada proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado.

Según explicaron, la falta de control queda evidenciada cuando los auditores detectaron que el monto de la primera cubicación realizada por el contratista fue inferior al 80 % del avance otorgado.

De igual forma, los contratos con adendas para la construcción de la carretera La Vuelta al Lago, Barahona-Cabral y del cruce San Cristóbal- Salinas, exceden el 25 % del monto del primer contrato para una diferencia más de RD$ 225 millones, todo esto contrario a lo que establece La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.

Otro aspecto que traza la auditoria es la falta evidencias en los expedientes con la aprobación y revisión de los planos correspondientes, sobre lo que puntualizaron que “los planos contenidos en estos, no son los que evidencian las aprobaciones del organismo correspondiente”.

En sus conclusiones, el ente regulador pide a las autoridades disponer de la elaboración de un plan para adoptar las medidas necesarias a fin de mantener un control efectivo, tomando en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe.

El mismo fue remitido a la OISOE, a la Contraloría General de la República, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental así como a cualquier organismo que contempla la ley.

Reacciones

Como respuesta, el exdirector de esa dependencia, Miguel Pimentel Kareh respondió que del total de obras auditadas algunas no corresponden a su gestión, mientras que otras fueron declaradas de emergencia por los daños causados por la Tormenta Sandy, lo que no les permitió formalizar a tiempo el sometimiento de los planos de estas obras para la revisión y aprobación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Francisco Pagán y Luis Sifres, director y exdirector de la institución supervisora, afirmó que las correcciones de la Cámara de Cuentas fueron acogidas que sean aplicables en lo adelante.

Auditoria remodelación Hospital Darío Contreras

Otra auditoría practicada a la OISOE, respecto a los trabajos de reparación y equipamiento del hospital docente universitario Doctor Darío Contreras, arrojó irregularidades durante el desarrollo de la obra, entre ellas pagos de partidas con precios alzados sin evidencia de los detalles correspondientes, rehabilitación de áreas sin evidencias de la aprobación por el Ministerio de Salud Pública y partidas con volúmenes cubicados no ejecutados.