SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Dueños de tiendas que comercializan celulares se manifestaron el pasado martes 22 de septiembre en las afueras de la Procuraduría General de la República, en reclamo de que cesen los allanamientos a sus negocios sin ninguna orden legal.
Los representantes de la Asociación de Dueños de Tiendas de Celulares alegaron que los miembros del Ministerio Público llegan a sus lugares de ventas, abusan de ellos y les llevan la mercancía sin ningún tipo de constancia legal para realizar los allanamientos.
“Sin una acusación, constancia y ni siquiera saber nuestros nombres están irrumpiendo en nuestro lugar de comercio…se están llevando nuestros inventarios”, expresó en nombre de los demás propietarios, Reynaldo Castillo.
Denunció asimismo que tras llevarse los inventarios de los equipos, estos no son devueltos a pesar de que no se les inculpa por ningún hecho delictivo como la supuesta venta de celulares robados.
“Que no se nos atropellen ni se nos violen nuestros derechos”
Igualmente, destacó que han recibido demanda por parte de clientes que llevaron sus móviles o que lo adquirieron y no pudieron recogerlos, los cuales fueron sustraídos por las autoridades durante los allanamientos.
Dijo que esta acción emprendida desde hace más de un mes, está perjudicando a más de un millón de personas que se benefician de algunas 100 mil tiendas que venden estos equipos electrónicos.
“Qué va a pasar cuando a nosotros se nos siga atropellando y nos desaparezcan? ¿De qué vamos a vivir?”, reprochó Castillo.
Manifestó que las autoridades alegan buscar celulares “macos”. “Dudo que una tienda que se encuentre con un inventario de más de 200 mil pesos va a trabajar con celulares macos, entonces eso quiere decir que están atracando diario y si acaso existen uno dos atracos por día. Eso es mentira”.
Pidieron, con pancartas en manos y vociferando consignas, que se detengan dichos atropellos y que si se continúan que se realice una investigación exhaustiva antes de llevarse a cabo, además de que lleven consigo una orden legal para realizar la acción.