SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (ADOFIC) calificó como “desafortunadas” las declaraciones del Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, donde recomienda a los fiscales no conformes con su salario que renuncien del Ministerio Público.

A través de una declaración escrita,  ADOFIC dijo que actualmente los fiscales adjuntos ganan salarios por debajo del que perciben jueces y defensores públicos lo que los ha convertido en “la cenicienta del sistema penal”.

Criticaron a Jiménez Peña como director y encargado del Ministerio Público, ya que los fiscales adjuntos tienen cinco años sin un aumento de salario, mientras que cada día aumenta el costo de la canasta familiar y los productos de primera necesidad.

En el comunicado de prensa, los fiscales adjuntos dijeron que como miembros del ministerio público carecen de  incentivos, de pagos por trabajos extras, de gastos  de representación, de colaboración para gastos escolares y no reciben ni algún reconocimiento por los riesgos que se toman en los distintos casos que llevan en los tribunales.

A continuación el documento enviado a los medios de comunicación por la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera:

ADOFIC dice Procurador Jiménez Peña no habló como director del Ministerio Público

La Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (ADOFIC), calificó como desafortunada la declaración dada recientemente por el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, que recomienda  presentar su renuncia  a todos aquellos fiscales que no estén conformes con su salario.

La entidad estimó que a pesar del gran trabajo y esfuerzo realizado por los fiscales, se  han convertido en la “cenicienta del sistema penal”, devengando salarios muy por debajo  de los percibidos por jueces y defensores públicos; aun cuando motorizan y llevan la mayor carga del proceso penal.

“No puede el  Procurador en su rol de director y encargado del ministerio público, expresarse en estos términos y faltar así a sus pares aunque de menor jerarquía;  conociendo éste, los salarios irrisorios devengados por  los fiscales que oscilan entre 45 mil pesos para un fiscalizador y 60 mil pesos para un procurador fiscal, menos 5 y 10 mil pesos de impuestos respectivamente. Este es el salario base y lo único devengado, pues se carecen de incentivos, para gastos de transporte o representación, que lleguen en condiciones de igualdad a todos los fiscales”, expresó la entidad en un comunicado de prensa.

“No puede el  Procurador en su rol de director y encargado del ministerio público, expresarse en estos términos y faltar así a sus pares"

Señaló que los representantes del Ministerio Público, tienen ya 5 años sin un aumento de sueldo, provocando esto la disminución de la capacidad adquisitiva, debido a los constantes aumentos de la canasta familiar y los productos de primera necesidad y que los miembros del ministerio público carecen de  incentivos, de pagos por trabajos extras, de gastos  de representación, de colaboración para gastos escolares, y no reciben  ni gratitud por los riesgos tomados en el servicio.

“El ministerio público se encuentra en una condición de riesgo inminente y no existe protección para los fiscales que muchas veces hasta sin armas laboran; estamos trabajando con las uñas y tenemos desproporción de trabajo por cada fiscal, debido a que también existe una deficiencia de personal que provoca que los fiscales tengan una excesiva carga laboral; y bajo esas condiciones a la luz del director del ministerio público, ¿No podemos pensar, ni solicitar un aumento?”, expresó.

Añadió que los encargados de ejercer la representación de la sociedad, ni representables pueden mostrarse y se preguntó cómo se puede  ejercer la investigación penal y  representar la sociedad de manera efectiva, o  garantizar la defensa del interés público tutelado, si quien los dirige y representa recomienda a renunciar y no luchar por sus derechos como profesionales a un salario digno.

“Eso recibimos, nosotros fiscales, que hemos asumido este ministerio con vocación de servicio,  y que hemos entregado nuestro tiempo y esfuerzo al trabajo diario, para contribuir con el fortalecimiento institucional del ministerio público, promoviendo valores como independencia, transparencia y legalidad en nuestras actuaciones”, señaló.

Consideró que no debe el máximo representante del Ministerio Publico solicitar la renuncia de aquellos que no estén conformes con el sueldo devengado, que son la mayoría,  y que creen en la carrera y que no renunciarán.

Recomendó que  lo que si debe hacer el Procurador es promover cambios significativos en el presupuesto que recibe para la institución y llevar la mayor inversión al capital humano (los fiscales) y al mejoramiento de los medios de investigación; debe invertir en los que ejecutan la acción penal, en aumentar el número de los mismos y en los medios a través de los cuales se ejerce. Es su deber procurar mejorar el nivel de vida de los representantes del ministerio público y sus condiciones de trabajo y que  solo así, estarán en la posibilidad de exponer un trabajo más eficiente y productivo.