Artículo íntegro
Por Roxanna Altholz y Laurel E. Fletcherjuly, traducción Iván Pérez Carrión
Se está desarrollando una crisis de derechos humanos en la isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití.
República Dominicana está amenazando con expulsar a cientos de miles de haitianos que viven y trabajan en el país. Muchos de ellos llegaron para trabajar en la industria azucarera, la construcción y el turismo.
Recientemente, República Dominicana pidió que ellos se presentaran y registraran para obtener la residencia legal o de lo contrario verse obligados a regresar a Haití. De un estimado de 450,000 inmigrantes haitianos en RD, unos 290,000 se presentaron hasta la fecha límite para registrarse, 17 de junio (que al parecer se ha extendido). Pero hasta ahora, a menos del 2% de ellos les ha concedido estatus legal. Aunque la amenaza del país de deportar masivamente a los haitianos aún no se ha materializado, muchos trabajadores ya han huido a Haití; la República Dominicana puso recientemente esa cifra en alrededor de 30,000.
Pero no son estos los únicos migrantes que enfrentan un futuro incierto en República Dominicana.
Decenas de miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana, cuyos padres o abuelos habían cruzado la frontera buscando oportunidades económicas, viven en un limbo legal. Hasta 2010, la Constitución concedía ostensiblemente la ciudadanía a toda persona nacida en el país. Pero muchos dominicanos fueron excluidos debido a que sus padres se consideraron “en tránsito” en el momento de su nacimiento. Por otra parte, las autoridades negaron sistemáticamente documentos y tarjetas de identificación a los dominicanos de ascendencia haitiana, sin justificación, a menudo sobre la base de sus apellidos franceses o criollos [haitianos], o por el color de su piel. Como resultado, estas personas, además de los trabajadores migrantes haitianos han vivido con el temor constante de expulsión arbitraria hacia Haití.
El Gobierno ha negado que discrimine a los inmigrantes haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana. Incluso se dice que el proceso de registro reciente fue un éxito. Estas afirmaciones no son creíbles.
Hace más de 10 años, en nombre de dos niñas de ascendencia haitiana, demandamos a la República Dominicana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al cuestionar los requisitos onerosos y costosos que enfrentaban los padres haitianos que intentaban obtener los certificados de nacimiento de sus hijos nacidos en República Dominicana. Sin estos documentos, los niños no podrían asistir a la escuela pública, casarse, tener propiedades ni votar.
En 2005, la Corte ordenó al gobierno dominicano a reconocer la nacionalidad de estos niños y buscar y expedir certificados de nacimiento a todos esos niños. Pero el país apenas ha cumplido.
Casi inmediatamente después de la decisión, un pequeño grupo de racistas y políticos ultranacionalistas orquestaron una campaña agresiva contra la decisión. La legislatura modificó la Constitución en 2010 para excluir de la ciudadanía a los niños hijos de migrantes indocumentados. Un tribunal dominicano despojó retroactivamente de la ciudadanía a las personas de ascendencia haitiana, remontándose a la década de 1930.
Después de una protesta, el Gobierno dio marcha atrás. Para salvar su imagen, creó un plan para restaurar la ciudadanía a los que habían sido despojados de ella, y la legalización gradual de migrantes haitianos que habían vivido siempre en la República Dominicana.
Pero entonces, el Gobierno saboteó su propio plan al exigir que los migrantes pobres ‒ que podían ganar menos de US$11 al día en la economía informal‒ presentaran documentos como talones de pago, cartas de empleo o prueba de propiedad de la vivienda, a fin de obtener papeles de residencia.
La República Dominicana tiene una larga y brutal historia de expulsiones masivas de haitianos. En 1937, el dictador Rafael Trujillo ordenó la masacre de decenas de miles de ellos. Lo que se comenta ahora en Santo Domingo es que el Gobierno está a punto de deportar en masa a los haitianos ‒y a los que parecen haitianos. Redadas anteriores se llevaron a cabo al amparo de la noche. Las personas fueron sacadas de sus camas, sin tiempo para recoger sus pertenencias o mostrar los papeles que tenían. Los padres fueron separados de sus hijos, las esposas de sus maridos, los ciudadanos de su patria.
Y efectivamente, la República Dominicana es un país en desarrollo, y no es la única nación que maltrata a los migrantes y a las personas apátridas. Pero durante décadas, los haitianos y sus descendientes han servido como chivos expiatorios para los políticos dominicanos que los culpan de la pobreza, las enfermedades y el delito.
La República Dominicana debe poner un alto a las redadas esporádicas y expulsiones sumarias. Si no lo hace, la comunidad internacional deberá intervenir.
Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos deben solicitar que se establezcan observadores internacionales a lo largo de la frontera y en los centros de detención para disuadir que se cometan abusos contra los derechos humanos. Si los dominicanos se resisten, deben ser rechazados en los foros internacionales. Estados Unidos, que dio cerca de US$30 millones en ayuda a la República Dominicana en 2012, debe ayudar a impedir un desastre humanitario.
*Roxanna Altholz y Laurel E. Fletcher enseñan normas internacionales de derechos humanos en la Universidad de California, Berkeley.
Fuente: http://www.nytimes.com/2015/07/06/opinion/the-dominican-republic-must-stop-expulsions-of-haitians.html?emc=eta1&_r=0