El Ministerio Público informó que pedirá prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de Priscila Díaz Infante arrestada durante una operación en una finca del sector Los Capacitos, donde fueron ocupadas cerca de 110 plantas que se presume corresponden a marihuana, quien violó una condena domiciliaria en su contra.

Se trata de Priscila Díaz Infante, detenida en el municipio de Jarabacoa, de la provincia La Vega; quien en el año 2002 fue condenada a 30 años de prisión, por un caso de secuestro y asesinato que ejecutó por encargo del narcotraficante fallecido Rolando Florián Féliz.

En un comunicado, el Ministerio Público también comunicó que solicitará al juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez, que le sea revocada la prisión domiciliaria por dicho caso que le fue otorgada en marzo del 2013, debido a un problema de parálisis en las piernas.

Dicha decisión estableció que cumpliría la condena en su residencia del sector El Almirante, del municipio Santo Domingo Este.

Díaz Infante fue sentenciada a pena máxima en el año 2002 por un tribunal del Distrito Nacional luego que fuera declarada culpable del rapto y posterior asesinato de Víctor Augusto Féliz Matos, hijo del exsenador reformista César Augusto Féliz Matos, cumpliendo una orden del narcotraficante Florián Féliz, quien falleció durante un incidente en el centro penitenciario de Najayo Hombres donde cumplía prisión.

Posteriormente, en el año 2013 se le otorgó la prisión domiciliaria por asuntos de salud, entre otros requisitos que cumplió.

En la actualidad, la imputada fue apresada nuevamente durante un allanamiento ejecutado por el Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional mediante orden judicial, donde también fue arrestado el ciudadano argentino Matías Nicolás Antonio Barrera, también sometido a la justicia. Durante la operación a Díaz Infante le fueron ocupadas dos cédulas con diferentes identidades.

Las autoridades indicaron que con la implicación de Díaz Infante en este nuevo caso se violan los acuerdos de la prisión domiciliaria con que fue beneficiada.

“Se trata de un caso que si durante el proceso se determina su responsabilidad en el mismo, ha violado de manera inconcebible los términos del acuerdo de la prisión domiciliaria, y por lo tanto, debe de revocársele y que retorne a prisión”, manifestaron.

En ese orden, destacaron que lamentablemente en su caso no logró reintegrarse de manera adecuada a la sociedad al involucrarse de nuevo en el delito, por lo señalan harán las diligencias de lugar, en el marco del debido proceso y conforme a las leyes, para que le sea revocada dicha prisión domiciliaria.

Consideraron que ésta imputada debe de ir a prisión para que responda por los graves hechos en los que se les involucra, al tiempo que dijeron contar pruebas suficientes en su contra para que le sea impuesta la medida de coerción de prisión preventiva.